Esther Cepeda

Columnista

Vistos en un cierto contexto, los trastornos que Emily Ruiz, de 4 años de edad, sufrió cuando, sin saberlo, quedó envuelta en una debacle de inmigración fueron suaves comparados con el trato de muchas otras familias con categorías de inmigración mixtas.

Recordemos que Ruiz, ciudadana estadounidense, estaba volviendo a su casa en Nueva York, de Guatemala, con su abuelo, quien fue detenido por agentes del Organismo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, siglas en inglés) debido a una infracción de veinte años atrás en su visa de trabajo temporaria.

La historia de Emily no fue una historia feliz pero, al menos, tuvo un final tolerable: Emily voló de vuelta a casa de su familia en Guatemala con su abuelo, pero en tres semanas se reencontró con sus padres en Long Island. Lamentablemente, éste es un camino de rosas comparado con lo que le sucede a otra gente.

En un artículo a ser publicado en la Connecticut Law Review este otoño, la autora, Nina Rabin, directora de investigaciones fronterizas en el Institute for Research on Women, relata lo que ella describe como las “tragedias silenciosas, en cámara lenta (que) se desarrollan todos los días en los centros de detención de inmigración de todo el país”.

Con aproximadamente 5,5 millones de niños en Estados Unidos que viven por lo menos con un progenitor que es un inmigrante ilegal –4,5 millones de estos niños son ciudadanos estadounidenses– los problemas van mucho más allá de Arizona y están resumidos en la conclusión de Rabin de que no hay normas ni mecanismos formales implementados para guiar un trato humanitario de padres e hijos en los procedimientos de detención y deportación.

El personal de bienestar infantil expresa que los padres constantemente “desaparecen”, porque es muy difícil seguir su pista una vez que son aprehendidos por el Organismo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés). Por temor, los inmigrantes detenidos a menudo son renuentes a proveer de información para permitir que coloquen a un niño con otro miembro de la familia, por lo que es más probable que los niños terminen en el sistema de casa adoptivas temporales que con parientes.

A los inmigrantes ilegales sin antecedentes penales –vivir en Estados Unidos sin autorización es un delito civil– a menudo se los percibe y se los trata como a delincuentes. Así es que, aún cuando los padres detenidos escogen pelear contra la deportación, lo que significa meses o años en detención, es probable que el personal del sistema de bienestar infantil “descarte” a esos padres y suponga que no podrán recuperar la custodia de sus hijos.

Las reformas sugeridas por Rabin, condensadas en un informe dado a conocer recientemente titulado “Padres que desaparecen: un informe sobre la imposición de la ley de inmigración y el sistema de bienestar infantil”, insta a la colaboración entre los organismos de inmigración y los organismos para el bienestar del menor, una mayor discreción querellante para las familias, apoyo coordinado para padres e hijos que están tratando de reencontrarse y programas dedicados a educar a los inmigrantes detenidos sobre cómo defender sus derechos como padres.

Obviamente, no toda familia puede llegar a los titulares y obtener la magnífica asistencia legal gratuita que ayudó a los Ruiz a reunirse. Pero todas las familias merecen un trato respetuoso y humano en toda su interacción con los organismos de inmigración, especialmente cuando se separan a los niños de sus guardianes.

Con una reforma migratoria integral fuera del alcance en un futuro inmediato, mejorar la manera en que se trata a las familias en el sistema actual debe ser un imperativo inmediato.