SONIA PEREZ D.,

Associated Press

GUATEMALA (AP) — El gobierno y 33 comunidades indígenas del centro de Guatemala cuyos derechos fueron gravemente violados al construirse la hidroeléctrica de Chixoy llegaron a un acuerdo para el pago de reparaciones colectivas e individuales por un monto de 1.200 millones de quetzales en un plazo de 15 años.

El plan para la reparación de las comunidades afectadas en 1975 se alcanzó en 2010 luego de cuatro años de negociaciones. Sin embargo, con la llegada del gobierno del general Otto Pérez Molina las negociaciones se estancaron, y no fue sino hasta ahora que el mandatario accedió a las peticiones de las comunidades y a implementar el plan de reparaciones.

Entre las exigencias de las comunidades están derechos básicos que les fueron retirados y que aún no tienen, tales como construcción de viviendas, carreteras y escuelas; suministro de agua potable; cobertura de salud pública y la implementación de proyectos agrícolas que no pudieron realizar luego de perder sus tierras.

Pérez Molina, quien firmó el martes el acuerdo junto a líderes comunitarios, dijo en Twitter que es “histórico” y que en el presupuesto de gobierno de 2015 se han asignado ya 107 millones de quetzales para iniciar el pago.

El acuerdo logrado entre el gobierno y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica establece que, con éste, se pretende ayudar a las víctimas “a mejorar su situación subjetiva y objetiva y su bienestar integral, a enfrentar las consecuencias de lo injustamente sufrido y a reconocer su dignidad y sus derechos”.

Además, “se proponen mostrar solidaridad con las víctimas y enfocar el camino para reestablecer su confianza en las instituciones públicas causantes de los daños ocasionados”, así como que el Estado repare los daños y perjuicios económicos, sociales, culturales y ambientales ocasionados a las 33 comunidades.

La construcción de la estatal hidroeléctrica de Chixoy comenzó en 1975 y, para lograr sus objetivos, desplazó a miles de indígenas que fueron despojados de sus tierras y su cultura, viéndose obligados a migrar en total pobreza. Tras el despojo y en plena guerra interna, diversas poblaciones como Rabinal y Río Negro del área de Baja Verapaz fueron blanco de varias masacres a manos del ejército.

Las comunidades tuvieron un gran aliado de su parte: el gobierno de Estados Unidos. Éste incluyó en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 un rubro en el cual condicionaba la ayuda militar a Guatemala a que el secretario de Estado certificara que el gobierno estaba tomando medidas creíbles para poner en práctica el plan de reparación acordado por las comunidades de Chixoy.

Jorge de León Duque, procurador de los derechos humanos y mediador en las negociaciones, dijo que “se llegó a un acuerdo definitivo y fuimos testigos de ello”. Indicó también que se han respetado todos los compromisos de reparación que se habían hecho con el gobierno anterior.

“Lo que sucedió en Chixoy es un ejemplo de cómo no se deben hacer los megaproyectos; hubo desplazamientos y graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó.

Alberto Brunori de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Guatemala, quien fue observador del proceso, dijo que se trata de un acuerdo sin precedentes, “sumamente importante. Ha sido muy difícil y pensábamos que no lo íbamos a lograr, pero hubo buena voluntad de parte de todos”.