Por Carmelo Gonzalez
La Raza del Noroeste
María Dina Cabrera es sobreviviente de la masacre de Santa Cruz, Cabañas. En noviembre 11 de 1981 el ejército salvadoreño bombardeó y asesinó a cientos de civiles; en su Operación llamada de “limpieza”. Mirla Carbajal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, expresó que era común esa práctica militar, entre los años de 1981 a 1983 en la que murieron niños, mujeres y ancianos. El mando militar justificaba estas actividades como un medio para debilitar supuestamente, el apoyo que estas comunidades les proveían a los guerrilleros. Han pasado 34 años y los habitantes de Santa Cruz buscan justicia en ese trágico evento, durante la guerra civil en ese país. Las exponentes fueron invitadas por el Centro de Derechos Humanos en la Universidad de Washington este 5 de Octubre del 2015
“Acceso a la Información como un Derecho Humano”, fue el eslogan de este programa, porque los responsables a las violaciones de los Derechos Humanos, niegan categóricamente que las masacres hayan ocurrido y tratan de ocultar, borrar o destruir evidencias que son de gran valor para la investigación.
Es ahí donde las Organizaciones Civiles, las Instituciones Académicas y las Organizaciones de Derechos Humanos exigen el acceso a los archivos, en los cuales se puede encontrar información que ayude a esclarecer eventos donde se violaron los Derechos Humanos a través del asesinato, la tortura y que esto ayude a concretar responsabilidades. También, María Dina Cabrera y Mirla Carbajal coincidieron que el Coronel Sigifredo Ochoa Pérez fue el autor intelectual de la masacre, quien estaba al mando del Segundo Destacamento Militar. El niega que haya habido masacres en su jurisdicción. Impunidad sistemática enfrenta el poder jurídico en el país Centro Americano.
Mirla Carbajal expresó, que hasta este momento no ha sido enjuiciado, ningún oficial del ejército acusado de genocidio y violaciones a los derechos humanos. Es ahí donde la presión y la opinión pública Internacional son fundamentales en encontrar la verdad. Es por eso que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington utiliza sus herramientas legales y de investigación para ayudar en la búsqueda de lo ocurrido. Por ejemplo; el Gobierno de Los Estados Unidos apoyó al Gobierno de El Salvador con armamento e inteligencia militar. Consecuentemente la CIA y el Departamento de Defensa tienen archivos, que pueden corroborar con información que ayude a esclarecer los trágicos eventos del país Centro Americano en esa época. Y es ahí donde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington usa su derecho al acceso a la información de archivos gubernamentales desclasificados.
El juez español Baltasar Garzón fue el último exponente de este programa fundamentado en los Derechos Humanos y el Derecho a la Información. El renombrado jurista Internacional también enfatizó en la impunidad a pesar que en 1991 se estableció la Comisión de la Verdad como una necesidad a la justicia; sin embargo una Ley de Admistía exoneró a militares de ser enjuiciados por crímenes de guerra, derechos humanos o genocidio. También mencionó, que el Coronel Sigifredo Ochoa Pérez tenía una Curul en el Congreso Nacional hasta este año. Baltasar Garzón hizo referencia de otros eventos en Latinoamérica donde los derechos humanos fueron violados por el estado. El Plan Cóndor en la cual los gobiernos militares y las dictaduras de la región Sudamericana colaboraron para perseguir y desaparecer a los opositores. Sin lugar a dudas, Baltasar Garzón es reconocido como el juez que le quitó el “aura al dictador bueno como fue el caso del dictador chileno Augusto Pinochet” al cual pidió su detención al gobierno inglés el 10 de octubre de 1998; con base en violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el evento concluyó dejando una invitación a la reflexión de ser concientes y solidarios con aquellos que se les han violado sus derechos fundamentales.
