Por Esther Cepeda,
The Washington Post
CHICAGO – La expansión de la acción ejecutiva del presidente Obama para los inmigrantes ilegales se detuvo. Pero el dictamen del tribunal arroja luz sobre el verdadero asunto: la permanencia del poder.
En definitiva se trata de si la decisión de darle a casi la mitad de residentes sin autorización el permiso de respirar más fácilmente y continuar armando su vida en los Estados Unidos es la mejor manera de resolver nuestro sistema de inmigración que está quebrado. El juez Jerry E. Smith describió la decisión de 2 a 1 sucintamente: “Algunas características de DAPA son similares a la discrecionalidad del procurador: DAPA equivale a la decisión [del secretario de seguridad nacional] —al menos temporariamente— de no ejecutar las leyes de inmigración en el caso de extranjeros que considera pertenecen a un grupo de baja prioridad. Si eso fuera todo lo que DAPA implica, el caso sería diferente. La versión de DAPA de acción diferida, sin embargo, es más que una falta de aplicación de la ley: Es el acto afirmativo de conferir ‘presencia legal’ a un grupo de inmigrantes presentes ilegalmente. Pese a que es revocable, esa nueva designación desata la elegibilidad para beneficios federales y estatales que de otro modo no estaría disponible”. Las organizaciones de defensa del inmigrante están haciendo lo imposible para subrayar que “presencia legal” no es lo mismo que “estatus legal”. La verdadera intención es que las personas presentes ilegalmente “salgan a la luz” y se les otorgue, si no es estatus legal, al menos la habilidad de obtener una licencia para conducir, un trabajo y, posiblemente, acceso a beneficios gubernamentales, será políticamente imposible revocar estos privilegios. La pregunta entonces de si los legisladores pueden elaborar un método para aquellos inmigrantes legales que están maniobrando su camino a través del sistema de manera efectiva. Una vez que se incorpore una gran cantidad de esta población al sistema, será inimaginable y poco práctico hacerse atrás con las promesas hechas a todos aquellos que recopilaron sus documentos, se registraron con los federales y siguieron las instrucciones al pie de la letra para poder quedarse sin miedo a ser deportados.
