(AP) — Ruth García es una indocumentada que vino al país ilegalmente hace unos 14 años y la ciudadanía de sus hijos y de millones de niños como ellos es objeto de un encendido debate.

De los 340.000 bebés hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos en el 2008, los padres del 85% de ellos llevaban más de un año en el país y más de la mitad llevaban más de cinco años, según el Centro Hispánico Pew.

Expertos en temas de inmigración afirman que es muy poco común que alguien venga a Estados Unidos pura y exclusivamente para dar a luz, de modo que sus hijos sean ciudadanos estadounidenses. En general los padres vienen por razones económicas y terminan quedándose y armando familias.

El esposo de García fue deportado. Ella sobrevive vendiendo tamales a compatriotas que viven semiclandestinos en colonias pobres a lo largo de la frontera entre Texas y México, temerosos de ser deportados también.

“Los niños no tienen la culpa de haber nacido aquí”, expresó García. “Mis hijos vivieron toda su vida aquí. Nunca han estado en otro país”.

Las leyes actuales estipulan que García y las personas como ella no reciben la ciudadanía estadounidense pese a que sus hijos son estadounidenses.

Gente como la enfermera de 66 años Susan Struck, de Double Adobe, Arizona, cree que los indocumentados se están aprovechando del sistema.

“Vienen, tienen bebés con certificados de nacimiento de Estados Unidos y se regresan (a sus países) con ese certificado y un número de Seguridad Social (el servicio de asistencia social de Estados Unidos)”, lo que les da acceso a servicios públicos, expresó Struck en un acto reciente cerca de la frontera organizado por gente del movimiento conservador conocido como Tea Party.

Varios prominentes líderes republicanos están de acuerdo con Struck. El senador Lindsay Graham plantea incluso que se modifique la constitución para negarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados.

“Hay gente que atraviese medio mundo para agregar a la familia alguien con un pasaporte estadounidense. Vienen de sitios tan distantes como China y Turquía, y también de lugares cercanos como México”, sostuvo Jon Feere, analista legal del Centro para Estudios de Inmigración, que promueve leyes más estrictas.

Es poco probable que se modifique la constitución, según expertos en temas legales. Se han propuesto varios cambios en los últimos años y ninguna iniciativa prosperó. Las modificaciones a la constitución requieren la aprobación de dos tercios de las dos cámaras del Congreso y es impensable que se logren esas mayorías ahora que los demócratas controlan ambos cuerpos, pues se oponen a los cambios.

Incluso suponiendo que los republicanos triunfasen en las elecciones legislativas de fin de año y tomasen el control del Congreso, les resultaría muy difícil hacer pasar la medida pues haría falta además la ratificación de tres cuartos de los estados.

Muchas mexicanas vienen a Estados Unidos a dar a luz en ciudades de la frontera como Nogales, pero generalmente lo hacen porque reciben mejor atención médica, según el shérif del condado de Santa Cruz Tony Estrada. Del lado mexicano de la frontera abundan los carteles promoviendo las bondades de los hospitales estadounidenses y de sus servicios para mujeres embarazadas.

El Centro Médico de Tucson, ubicado 185 kilómetros (115 millas) al sudeste de Phoenix, ofrece servicios orientados a mujeres embarazadas. El plan atrae a residentes del estado de Sonora que están en condiciones de costear el servicio y tienen visas de Estados Unidos, de acuerdo con el empleado del centro Michael Letson.