La Ley de Protección de los Trabajadores Inmigrantes fue aprobada por la Legislatura. El procurador general Nick Brown solicitó que se presentara este proyecto de ley para aumentar la equidad y la transparencia en el trabajo para los trabajadores inmigrantes. Ahora, se enviará al Gobernador para su promulgación.

Lo que hará la ley si se promulga

El proyecto de ley HB 2105, patrocinado por la representante Lillian Ortiz-Self, demócrata de Mukilteo, y por la senadora Rebecca Saldaña, demócrata de Seattle, en el Senado, establece nuevas normas para los empleadores. Si los agentes federales solicitan ver los formularios I-9 de un trabajador, también conocidos como documentos de elegibilidad para el empleo, el empleador debe informar al trabajador dentro de un plazo de cinco días hábiles.

Los empleadores deben proporcionar este aviso en inglés y en los otros cinco idiomas más comunes utilizados en Washington. Los empleadores deben informar al trabajador sobre los resultados de la inspección del formulario I-9. El empleador también debe proporcionarle información sobre sus derechos y los recursos disponibles en todo el estado.

Por qué es importante

“Este proyecto de ley garantiza una equidad básica para los trabajadores que impulsan nuestra economía y contribuyen a la prosperidad de nuestro estado”, afirmó Brown. “Exige que los trabajadores tengan acceso a la misma información que sus empleadores y les brinda la dignidad que merecen”.

“Los trabajadores inmigrantes ayudan a impulsar la economía de Washington; sin embargo, con mucha frecuencia, son los últimos en enterarse cuando las autoridades federales revisan los registros de empleo”, afirmó Ortiz-Self. “Esta ley refleja el compromiso de nuestro estado con la equidad y la transparencia, y garantiza que estén informados y tengan la oportunidad de revisar sus documentos, corregir errores y proteger sus empleos y a sus familias”.

“Los trabajadores inmigrantes son fundamentales para la economía de Washington y para nuestras comunidades. Esta legislación ayuda a garantizar que los trabajadores sean tratados con equidad y respeto al exigir transparencia cuando las acciones federales de control migratorio afectan el lugar de trabajo”, afirmó Saldaña. “Los trabajadores merecen saber qué está sucediendo y tener la oportunidad de responder y proteger sus derechos”.

Las tácticas de las autoridades federales de inmigración han tenido un efecto desestabilizador en la economía del estado durante el último año y sembraron temor en las comunidades inmigrantes, ya que el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) ha intensificado los arrestos, en especial, de inmigrantes sin condenas penales.

“El movimiento laboral de Washington aplaude la aprobación de la Ley de Protección de los Trabajadores Inmigrantes”, afirmó April Sims, presidenta del Washington State Labor Council (WSLC, Consejo Laboral del Estado de Washington) y de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO, Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales). “Mientras la administración federal sigue apuntando contra los trabajadores inmigrantes, esta ley proporcionará una valiosa protección adicional a miles de trabajadores de Washington. Muchas gracias a los legisladores que apoyaron este esencial proyecto de ley y al procurador general Brown por impulsar esta política”.

Sus derechos en el trabajo

En caso de ser promulgada por el Gobernador, esta ley también incluirá estas protecciones:

• Privacidad: los empleadores no tienen la obligación de permitir que los agentes federales de inmigración accedan a áreas privadas de sus negocios ni a los datos de los empleados, a menos que los agentes cuenten con una orden judicial. La Oficina del Procurador General (AGO) proporcionará a los empleadores orientación sobre estos derechos.

• Sin represalias: un empleador no puede impedir que un trabajador ejerza sus derechos en virtud de esta ley ni puede castigarlo o despedirlo por ejercerlos.

• Cumplimiento: si la AGO se entera de que un empleador incumple esta ley, puede investigarlo e iniciar acciones legales. Los trabajadores también pueden iniciar demandas para poner un freno a quienes incumplen con esta ley o para exigir una indemnización por daños y perjuicios.