WASHINGTON (AP) — Activistas de derechos humanos pidieron el viernes la “cancelación total” de un programa autorizado por el presidente George W. Bush que permite realizar arrestos y detenciones civiles de inmigración a nombre del gobierno federal. “Pedimos la total cancelación de ese programa”, dijo Aarti Shahani, profesora de la Universidad de Nueva York (NYU) y miembro del grupo Justicia y Estrategias. “Ha generado preocupaciones por las malas condiciones de detención, abusos de las autoridades y violaciones al debido proceso”. El pedido fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está en sesiones ordinarias en la Organización de los Estados Americanos (OEA), del cual es un órgano autónomo. La comisión no adopta una decisión inmediata en esas audiencias, que sirven más bien para acumular antecedentes a fin de emprender acciones futuras. Pero, Dora Schriro, asesora especial para asuntos de inmigración de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, indicó que este programa está “al tope de la lista” de elementos de las actuales políticas migratorias del nuevo gobierno que requieren cambio. “Está incluido en la lista de pedidos hechos por la secretaria Napolitano”, dijo Schriro. Felipe González, comisionado de origen chileno y presidente de la audiencia como relator de asuntos de trabajadores migrantes, dijo que los aportes de esta audiencia pasarían a formar parte de un informe que prepara la comisión sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. “Pedimos una mayor supervisión, una mayor transparencia y responsabilidad y la preservación del debido proceso para asegurar que se da trato humano a todos”, dijo Shahani, en una presentación junto a representantes de universidades de Pennsylvania y Texas. La CIDH ha pedido al gobierno estadounidense una visita a varios centros de detención de inmigrantes, pero no ha sido autorizada hasta ahora por el gobierno de Washington. Sus miembros esperan, sin embargo, que con el cambio de gobierno pudieran mejorar las posibilidades. El programa es conocido como 287(g), por la sección de la ley de inmigración que lo autoriza. Ha recibido más de 114 millones de dólares en fondos desde su adopción hace cuatro años y ha entrenado a casi un millar de oficiales en 67 agencias estatales y locales sobre cómo determinar el status migratorio de una persona. El programa 287(g) fue inicialmente diseñado para la captura de extranjeros indocumentados con problemas policiales. Pero, los activistas denunciaron que debido a que sus provisiones eran amplias se lo estaba empleando para detener a cualquier persona mayormente con “motivaciones raciales”.