Arcelia Maya,

Agencia Reforma

Comuneros de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, solicitaron una audiencia con el Papa Francisco para exponerle en su visita al País el problema agrario que hay en el Pedimento del Santuario de la Virgen de Juquila.

Una comisión de seis campesinos acudió hoy a la Nunciatura Apostólica, donde entregaron un escrito en el que denuncian al Arzobispo José Luis Chávez Botello y al Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, de hostigamiento y persecución para que los comuneros dejen de administrar el terreno de dos hectáreas.

En el escrito señalan al Edil Manuel León Sánchez, quien presuntamente utiliza a un grupo armado para intimidar a los más de mil 500 comuneros.

También se quejan del sacerdote Jacinto López Montaño, rector de la parroquia de Santa Catarina Juquila, porque en sus homilías denosta a los comuneros como violentos, delincuentes y rijosos por estar administrando el Pedimento.

El predio es visitado por miles de peregrinos y según los comuneros al año recaudan, en promedio, 7 millones de pesos provenientes de las limosnas que dejan los feligreses.

Anteriormente, detallaron, el dinero era controlado por el Ayuntamiento y nadie transparentaba su uso.

Los campesinos afirmaron que en un año de administrar las limosnas, ellos utilizaron el dinero para remodelar escuelas y entregaron 10 mil pesos a cada barrio y a las 40 comunidades de Juquila.

Además, informaron, apoyaron en las fiestas patronales y compraron un volteo para uso de la comunidad.

El 25 de julio del 2014 un juez federal ordenó el desalojo de trabajadores municipales, quienes controlaban las finanzas del lugar y se autorizó a los comuneros administrar los recursos.

Eso agudizó el conflicto político-religioso que desencadenó una muerte, detenciones y persecución contra el comisariado de bienes comunales.

El 9 de marzo de este año falleció en el Pedimento Ricardo Mendoza Palacios, quien presuntamente acudió con un grupo de personas armadas y abordo de vehículos oficiales del Ayuntamiento de Juquila a desalojar a los comuneros.

Según los campesinos, el fallecido fue herido por sus mismos compañeros porque los comuneros no tenían armas.

Una de las anomalías del caso, señalan, es que las declaraciones ministeriales de los comuneros testigos no obran en el expediente.

Por esta muerte, el 12 de junio de este año, al salir de una reunión en la Procuraduría de Oaxaca, detuvieron a Marcelo Salinas Cruz, entonces presidente de bienes comunales, a quien ya se le acreditó que no presenció los hechos porque en ese momento estaba en una reunión.

Otros de los detenidos son Oliver Canseco Aragón y Leonel Zárate Serrano, detenidos en el pueblo.

En tanto, están liberadas las órdenes de aprehensión contra Edgardo Rey Zárate de Jesús y Ángel Cortés Morales, quienes están prófugos.

Pendientes de ejecutar se encuentran las órdenes contra Oliverio Serrano Salinas y Enrique Canseco Atilano.

Por omisión e inactividad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, los quejosos presentaron ayer una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).