Regla de Carga Pública entre en vigencia a finales de mes, esto es lo que necesita saber

Por Diana Piñon

La Raza NW

El lunes 27 de enero, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tomo una decisión que impactarla a varios inmigrantes que buscan establecer su estatus legal en el país, tras anunciar la permisión de la regla de carga pública (public charge en ingles).

La propuesta ampliaría la autoridad del gobierno para negar las tarjetas verdes (green cards en ingles) a los inmigrantes de bajos ingresos. Incluyendo ciertas categorías de inmigrantes legales que reciben asistencia federal para vivienda, nutrición y atención médica.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en ingles) confirmo el viernes, que la regla de carga pública entrara en vigencia el 24 de febrero.

Esa misma mañana, la Campaña de Protección de Inmigrantes en asociación con los servicios de Medios Étnicos llevo a cabo una conferencia de prensa sobre el impacto de la decisión en la corte. Expertos legales, grupos de defensa y funcionarios electos explicaron qué significa esta decisión, a quién afectará, los pasos que las familias pueden tomar y cómo luchar contra la regla.

Primero, muchos inmigrantes no se verán afectados por la regla. La regla de carga pública del DHS no afecta a los refugiados, aislados, sobrevivientes de trata, violencia doméstica u otros delitos graves y otros inmigrantes humanitarios. Como explica Madison Allen, abogada de política con el Centro de Derecho y Política Social, los residentes legales permanentes o aquellos que tengan una tarjeta verde tampoco se ven afectados. Si embrago, es importante saber que aquellos residentes que salgan del país durante más de 180 días y luego intenten volver a ingresar serán sometidos a pruebas de carga pública. Si planea abandonar el país, es recomendado obtener una evaluación de un abogado de inmigración sobre lo que eso podría significar para usted.

Nota, aquellos que soliciten la ciudadanía no tienen que preocuparse por la prueba de carga pública.

Segundo, es necesario saber que el uso de beneficios públicos no lo convertirá automáticamente en una carga pública. Para ser sujeto a una carga pública, los funcionarios de inmigración deben observar todas las circunstancias individuales para determinar si es probable que se conviertan en una carga pública en el futuro. Tener un trabajo y un seguro de salud, son factores positivos, que pueden ser contrarios a factores negativos como tener una condición de salud.

Tercero, programas de nutrición como WIC, CHIP, bancos de comida, almuerzos escolares; y programas como HeadStart, asistencia para el cuidado de niños, entre otros no califican como prueba de carga pública. Además, no se incluyen los programas de atención médica que utilizan los niños y las mujeres embarazadas. Beneficios de salud, vivienda y nutrición no monetarios proporcionados por el gobierno estatal o local tampoco están incluidos.

Por último, los beneficios utilizados por los miembros de la familia no contarán como carga pública en su contra. Los beneficios que reciben sus hijos u otros miembros de la familia son diferentes a los beneficios que recibe usted. Es preciso saber que incluir su nombre en la solicitud de su hijo no significa que haya solicitado beneficios para usted.

Los cambios en esta regla de carga pública, ha dejado a muchos inmigrantes viviendo con miedo, confundidos sobre la política y preocupados sobre si usar beneficios públicos o no. Mayra Álvarez, presidenta de The Children’s Partnership, cuanta como algunos pacientes inmigrantes se negaron a inscribirse en Medicaid el año pasado. “Sabemos que muchos niños de familias inmigrantes están experimentando un aumento en las necesidades de salud y salud mental, mientras que al mismo tiempo, están experimentando problemas para acceder atención medica. Principalmente debido a los temores de detención, deportación y separación familiar,” menciono Álvarez.

Debido a la preocupación de las familias, y el clima político actual, Álvarez recomienda a las familias conocer sus derechos. “Es mucho más esencial que las familias conozcan sus derechos, y que sepan que hay muchas organizaciones que pueden ayudar”.

Durante la llamada telefónica, la congresista Judy Chu de California, nos contó sobre los esfuerzos del Congreso para luchar contra la regla de carga pública. Ella mencionó que la regla no solo es discriminatoria, sino que cambien va en contra de los que sabemos. “Los inmigrantes en realidad usan menos beneficios públicos que las personas nacidas en el país … Es por eso que presenté la Ley de No Fondos Federales para Cargos Públicos, que es la HR-3222, para darle pausa a esto”.

La HR-3222 es un proyecto de ley que garantizaría que no se usen dólares federales para implementar la regulación de carga pública. Chu dijo que actualmente 118 miembros del Congreso ya son co-patrocinadores del proyecto de ley y ese número continúa aumentando a medida que más miembros escuchan a sus comunidades sobre el impacto de esta política puede tener en su comunidad.

Chu aseguro que esta 100 por ciento comprometida a trabajar en contra de la regla de carga pública, “continuaré presionando a mis colegas en el Congreso”.

Al igual que Chu, la lucha para detener esta regla aún continúan en estados como California, Nueva York, Illinois, Maryland, entro otros. Incluso las demandas que se presentaron en todo el país al inicio para bloquear la regulación siguen en pie. “Las demandas argumentan que la administración de Trump no tomó las medidas adecuadas y necesarias para finalizar el fallo, no consideraron gran parte de la evidencia presentada por miles y miles de comentaristas, diciendo no solo por qué la regla de carga pública es legalmente incorrecta, sino el tremendo daño que causaría. Algunas de las demandas también argumentan que la regulación de la carga pública es racialmente discriminatoria,” manifesto Álvaro Huerta, abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

Huerta aseguro que la resolución final de estas demandas puede llevar meses, incluso pueden ser años, pero es importante educarse sobre esta regla.

Para las familias que se ven afectadas por esta nueva regla, se les motiva consultar a un abogado de inmigración y hacer un plan. Recuerde que la información es poder y si necesita asistencia legal gratuita puede encontrar un servicio legal cerca de usted en www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/.