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A partir del miércoles, los agentes tratarán a los indocumentados que cometan faltas menores como a cualquier ciudadano estadounidense: los excarcelarán si así lo contemplan las leyes y los citarán para que se presenten ante un juzgado. Las autoridades municipales, no obstante, no están muy seguras de que el proyecto del shérif Mike Hennessey pueda prosperar.
La nueva política busca satisfacer las disposiciones de una ley municipal que impide que la policía asista a las autoridades federales cuando se ha cometido un delito menor y las leyes nacionales que exigen que las autoridades entreguen al servicio de inmigración las huellas dactilares de los indocumentados.
“Estoy tratando de cumplir con las normas locales sin violar las leyes federales”, expresó Hennessey. “Es un asunto complejo porque este tema de los indocumentados se vive con mucha pasión aquí en California y en todo el país”.
La política de Hennessey estipula que un posible indocumentado que cometa una falta menor, como alteración del orden público, allanamiento de morada o robo en una tienda, no será retenido mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) investiga si es un indocumentado con antecedentes penales usando un programa que toma como referencia las huellas dactilares.
Hennessey dijo que el cambio de política busca acatar las normas municipales que dan amparo a los indocumentados y hacen que San Francisco sea considerada una “Ciudad Santuario” para los extranjeros sin papeles.
La oficina del alcalde Ed Lee no fue informada por adelantado del cambio de política, según la secretaria de prensa municipal Christine Falvey.
“Nos hemos puesto en contacto con las autoridades nacionales para ver si esta nueva política contradice las leyes federales”, indicó Falvey.
La nueva política fue anunciada luego de que la Asamblea de California aprobó un proyecto que modifica un acuerdo en torno al empleo del programa federal Comunidades Seguras. La medida, que autoriza a los condados a no colaborar con ese programa, pasa ahora al Senado estatal.
Comunidades Seguras es un programa que permite que las policías locales colaboren con el ICE en la deportación de indocumentados que cometieron delitos graves. En la práctica, no obstante, ha facilitado la deportación de numerosas personas que cometieron faltas menores, según defensores de los derechos de los indocumentados.
San Francisco y el vecino condado de Santa Clara pidieron permiso para salirse de ese programa.
Hennessey dijo que su política es similar a la de los condados de San Miguel y Taos en Nuevo México. Indicó que la política de San Francisco protegerá la seguridad pública porque los inmigrantes estarán más dispuestos a denunciar delitos si no temen ser arrestados y deportados. La portavoz del ICE Virginia Kice tildó de “desafortunada” la decisión de Hennessey e indicó que en el condado de San Francisco el ICE se hizo cargo de 731 indocumentados deportables desde que comenzó a funcionar Comunidades Seguras en junio del 2010.
Casi el 40% de ellos habían sido hallados culpables de delitos graves o tenían varias infracciones menores en sus prontuarios policiales, expresó.
Angela Chan, abogada de Asian Law Caucus e integrante de la Comisión de la Policía de San Francisco, dijo que el 68% de las personas arrestadas bajo el programa Comunidades Seguras no tenía delitos graves en sus antecedentes policiales.
“Demasiada gente queda expuesta”, sostuvo Chan. “Por eso este programa ha causado tanto revuelo”.
Hennessey dijo que a fines del año pasado se reunió con el director de Comunidades Seguras David Venturella y se enteró de que encerrar a inmigrantes con los detenidos del ICE es una cortesía, no una obligación.
La iniciativa de Hennessey está recibiendo bastantes críticas.
Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, una organización de Washington que ha demandado a varias municipalidades por adoptar políticas similares, sostuvo que “las fronteras nunca estarán seguras mientras haya sitios como San Francisco que los reciben con los brazos abiertos (a los indocumentados).
