AP

Un análisis de la AP encontró que en casi todos los casos, las iniciativas de inmigración más radicales no prosperaron.

Lo que se ha aprobado hasta ahora son medidas que básicamente refuerzan las actuales leyes federales y una cantidad reducida de estados aprobó legislaciones que en cierta medida ayudan a los indocumentados.

Muchas iniciativas fueron descartadas de momento para que los legisladores puedan enfocarse en las crisis presupuestarias.

Los inmigrantes, por otro lado, tienen ahora métodos de cabildeo más sofisticados y el empresariado se ha opuesto a que se adopten castigos más severos por temor a perder mano de obra barata y a tener que incurrir en más papeleo a la hora de contratar gente.

También pesa el temor de boicots de turistas como los que se organizaron contra Arizona.

A comienzos del año, el alto desempleo, el activismo de fogosas mayorías republicanas en algunos estados y la frustración generalizada con la Casa Blanca y el Congreso porque no sacan adelante una reforma a las leyes de inmigración hicieron pensar que la legislación de Arizona sería copiada en otros sitios.

Esa legislación establece que trabajar sin papeles constituye un delito, castiga a quien contrate indocumentados y alienta a las autoridades a que entreguen a los indocumentados a las autoridades federales, entre otras cosas.

Un juzgado de apelaciones dejó en suspenso el requisito de que los extranjeros porten documentos que demuestren que están en el país legalmente y da a la policía bastante discreción para corroborar el status migratorio de una persona si sospecha que está en el país ilegalmente.

El representante estatal de Luisiana Joe Harrison, republicano, dijo que la falta de progresos a nivel nacional hizo que se interesase en impulsar leyes de inmigración en su estado.

Pero el proyecto de Harrison y la mayoría de otras iniciativas similares no fueron aprobadas.

Tampoco salieron adelante iniciativas que requerían a las empresas que usasen el sistema nacional de datos E-Verify para corroborar si las personas que contratan están en el país legalmente. Apenas un puñado de estados hicieron esfuerzos reales por presionar a los empleadores.

Hasta ahora, Georgia y Utha son los únicos que adoptaron legislaciones integrales. Carolina del Sur y Alabama siguen analizando iniciativas de ese tipo. La ley de Utah, sin embargo, incluye un artículo que permite a los indocumentados trabajar en el estado.

Al fracasar hace poco una nueva campaña para adoptar una legislación conocida como Dream Act, que regularizaría la situación de estudiantes universitarios indocumentados que fueron traídos al país cuando eran niños, varios estados aprobaron leyes que benefician a esos jóvenes.

Maryland, por ejemplo, decidió cobrarles la matrícula que pagan los residentes del estado, que es más baja que la que se cobra a los que no residen allí, en tanto que Illinois podría poner a disposición becas privadas para ellos y Connecticut cobrará matrícula de residente a los que cursan estudios de posgrado. La matrícula de residente ya fue aprobada por el Senado de Oregón y pasó ahora a consideración de la cámara baja.

Los legisladores de Arizona ordenaron a los distritos escolares que informen dónde residen los estudiantes, pero el objetivo de la medida es más bien asegurarse de que las escuelas no reciben jóvenes que viven en México.

Indiana es el único que aprobó una ley que prohibe a los indocumentados pagar matrículas de residente, en una media mayormente simbólica.

La mayoría de los proyectos de ley no salen de las comisiones legislativas y los que lo hacen, generalmente son diluidos.

De todos modos, quienes ansían que se tomen medidas en Washington podrían ver sus deseos cumplidos. Varios sectores están redoblando sus esfuerzos y la semana pasada senadores demócratas volvieron a la carga con el proyecto Dream Act, aunque es difícil que sea aprobado por la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos.

Y menos todavía antes de las elecciones presidenciales del 2012.