SEATTLE. La Ciudad de Seattle presentó una demanda contra el decreto ejecutivo del presidente Donald Trump que amenaza a las “ciudades santuario”. El decreto, que apercibe de la retención del financiamiento federal a las ciudades que se rehúsen a asistir al gobierno federal en la aplicación de la normativa migratoria, fue ratificado por el fiscal general Jeff Sessions esta semana. Con esta demanda, la Ciudad de Seattle pretende que se declare que su accionar se ampara en la legislación federal y que la Constitución de EE. UU. impide la implementación del decreto que le niega fondos federales que le corresponden. Seattle, una ciudad acogedora cuyos empleados tienen prohibido investigar la situación migratoria de los residentes y donde todos los servicios están disponibles para cada uno de ellos, alega que el decreto es inconstitucional y que la Ciudad no ha infringido la legislación federal.“Seattle no sucumbirá a la coacción de quienes actualmente están al mando de la Casa Blanca ni de esta administración, por lo que hoy iniciamos acciones legales contra el decreto inconstitucional del presidente Trump”, afirmó el alcalde Murray. “La ley nos ampara: el gobierno federal no puede obligar a nuestro departamento de policía a aplicar la legislación de inmigración federal y tampoco puede utilizar nuestros fondos federales para forzar a Seattle a darles la espalda a las comunidades de inmigrantes y refugiados. Simplemente no lo haremos. Estamos orgullosos de ser una ciudad acogedora que promueve la inclusión de todos los residentes. Somos una ciudad más próspera y segura gracias a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados, y seguiremos defendiéndolas”. El decreto es inconstitucional y ambiguo,e infringe la décima enmienda dado que intenta obligar a las autoridades locales a aplicar la legislación de inmigración federal e incumple. La Ciudad de Seattle no infringen la legislación federal. El decreto ejecutivo exige a las localidades que cooperen con el gobierno federal y revelen información. Se les ordena a los empleados de la Ciudad que colaboren con la aplicación de las medidas federales, no que la obstaculicen; sin embargo, tienen prohibido investigar la situación migratoria de los residentes. La Ciudad no prohíbe la divulgación de la información, sino que, en cambio, limita su recopilación.
La ambigüedad del decreto ejecutivo hace que la Ciudad sea incapaz de planificar con exactitud su próximo presupuesto, dada la amenaza de recortes de hasta $10.2 millones en programas de seguridad pública.
