CRISTINA SILVA

The Associated Press

Agustín Portillo revisa el aceite en el auto de su esposa, pone el equipaje de ella en el maletero y la lleva desde su diminuto apartamento en Tijuana hasta la frontera con Estados Unidos. No es un viaje largo, pero Ana Portillo no se anima a movilizarse sola por las calles de esta violenta ciudad.

La pareja espera pacientemente en la cola de seguridad, agarrados de las manos y besándose castamente. Una balada romántica se escucha en la radio en el auto y Agustín le canta en voz baja a su amor. Ana hace de cuenta que no nota que a Agustín se le salen las lágrimas.

Cuando están cerca del punto de cruce en la frontera, él la besa y se baja del coche. Ahí termina su viaje. Luego de 20 años de vivir con Ana en Los Angeles, Agustín está varado en el lado mexicano de la frontera.

Muchos piensan que un inmigrante que ingresó a Estados Unidos ilegalmente y que está casado con una ciudadana estadounidense tiene derecho automáticamente a un permiso de residencia permanente en ese país. Pero Ana, una salvadoreña naturalizada estadounidense, y Agustín, un mexicano que vivió ilegalmente en Estados Unidos durante décadas, saben que no es así. Ellos pueden vivir juntos en uno de los países a cuya violencia le escaparon o pueden vivir como ahora, separados.

La ley federal que prohibe que muchos inmigrantes ilegales vivan en Estados Unidos como cónyuges de ciudadanos estadounidenses ha sido criticada por el presidente Barack Obama, quien recientemente le ordenó al Departamento de Estado que permita a algunas familias seguir juntas. Pero no estaba claro cuándo va a suceder eso ni cuántas familias se beneficiarán.

Agustín, de 49 años, y Ana, de 60, han estado separados por la frontera por casi dos años. Ella extraña su compañía y cómo él la cuidó cuando ella se enfermó. Él añora sus consejos cuando algo le preocupa, el calor de su cuerpo cuando duermen.

“Sin ella, no soy nada”, dice.

Él vive solo en Tijuana. Ella vive en un apartamento pequeño en Los Angeles con su hijo menor, un inmigrante sin papeles, y la familia de éste. Su otro hijo, residente legal, vive en Las Vegas. Sus tres nietos nacieron en Estados Unidos.

Cada dos semanas, hace la travesía de 480 kilómetros (300 millas) desde Los Angeles al apartamento de un dormitorio en el que vive Agustín en el centro de Tijuana. El apartamento no tiene refrigerador, ni sofá ni horno. Agustín duerme en un colchón inflable y guarda su comida en neveras portátiles llenas de hielo.

Agustín quiere estar con su familia, pero no en Tijuana, una ciudad azotada por la violencia generada por el tráfico de drogas.

Es un lugar donde los que cruzan la frontera oran en una histórica iglesia por un viaje a salvo. En una bulliciosa calle, en medio de vendedores de churros y el burro pintado de Tijuana, hombres y mujeres con rostros adustos se aferran a sus bolsas de lona. Son “los indocumentados”, personas que no han logrado cruzar la frontera ilegalmente.

“Yo estoy en la misma posición que ellos, esperando para cruzar hacia una mejor vida e imposibilitado de hacerlo”, dijo Agustín mientras él y Ana se acercaban a la iglesia en una tarde reciente.

Una vez adentro, se arrodillaron y oraron.