NASHVILLE, Tenesí, EE.UU. (AP) — Toribio Jiménez dice que una compañía de limpieza de asbestos se aprovechó de un programa de visas laborales temporales para tratarlo como esclavo y, cuando se quejó, lo despidió, obligándolo a trabajar ilegalmente. Robert Martin afirma que la misma empresa le impide conseguir trabajo al contratar a extranjeros como Jiménez.

Estos dos hombres son insospechados aliados en una demanda según la cual el programa de visas laborales temporales, en vigor desde hace 22 años, perjudica tanto a nativos como a inmigrantes.

“No culpo a los hispanos por esto”, declaró Martin, quien tiene 49 años. “Los inmigrantes no tienen la maquinaria pesada, los camiones, los depósitos. Hay que molestarse con los propietarios de estas empresas, que se aprovechan”.

Jiménez, un salvadoreño de 32 años, dijo que le prometieron trabajo en la limpieza y recién cuando llegó a Estados Unidos le dijeron que el empleo involucraba la limpieza de asbestos, un mineral que puede resultar peligroso para la salud. Martin afirmó que, después de 13 meses sin trabajo, hubiera aceptado de buena gana ese empleo.

El centroamericano fue despedido cuando se quejó y, al quedarse sin trabajo, perdió la visa. Afirmó que se vio obligado a trabajar ilegalmente para pagar las deudas que había contraído para venir al país.

Jiménez y Martin son parte de una docena de trabajadores, locales y extranjeros, que sostienen que la Cumberland Environmental Resources Company de Brentwood, Tenesí, y Accent Personnel Services, de Baton Rouge, Luisiana, discriminaron en su perjuicio al abusar del programa de visas de trabajo temporales H2-B, un programa que no incluye trabajadores agrícolas.

Estados Unidos emite 66.000 visas de ese tipo anuales. Las empresas que las solicitan deben demostrar primero que no consiguen trabajadores aquí para esos empleos. Otro requisito es pagar sueldos normales, para evitar una reducción en los salarios de los estadounidenses.

Los demandantes aducen que las empresas mintieron en sus documentos al decir que ningún estadounidense se había interesado en esos trabajos. Afirman asimismo que exigieron a trabajadores de Perú y El Salvador pagar comisiones ilegales y aceptar sueldos por debajo de la norma. Si se quejaban, eran despedidos y perdían sus visas.

Las dos firmas niegan las acusaciones y se culpan entre ellas de cualquier irregularidad.

El abogado de Cumberland, Ben Bodzy, describió a los demandantes como “ex empleados o postulantes (a empleos) descontentos”. Le ofreció a los trabajadores compensaciones por 10.000 dólares para resolver el asunto.

El abogado de Accent Jeff Weintraub declaró que esa empresa cumplió fielmente las normas.

El Instituto de Políticas Económicas, una agrupación de Washington, hizo un estudio el año pasado en el que comprobó que el 98% de los trabajadores con la visa H2-B se les pagaba menos.