SAUGERTIES, Nueva York, EE.UU. (AP) — El “sueño americano” parecía estar haciéndose realidad para Emilio Maya y su hermana Analía, cuyo pequeño café les daba grandes satisfacciones.

Habían llegado desde Argentina a fines de la década de 1990 y se habían radicado en este pintoresco pueblo cerca de las montañas Catskill, donde trabajaban en restaurantes y eran bien considerados por la comunidad. Emilio era voluntario del cuerpo de bomberos y Analía hacía traducciones para la Policía, también a título de voluntaria.

Ambos ahorraban dinero para abrir un pequeño restaurante de comida argentina, pero había algo que los atormentaba: estaban en el país ilegalmente. Llegaron con visas de turistas y se quedaron.

Un día Analía se confesó con un amigo, el policía Sidney Mills, quien con frecuencia le pedía a los hermanos que lo ayudasen a resolver casos que involucraban a hispanos.

“Ellos ayudaban a la comunidad. Me pareció que la comunidad debía ayudarlos a ellos”, expresó Mills.

En marzo de 2005 Mills arregló un encuentro con dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés), Kelly McManus y Morgan Langer, y se selló un pacto: los hermanos trabajarían como informantes y el ICE los ayudaría a conseguir visas S, un tipo de visa poco común que se concede a personas que ayudan a las autoridades.

“Fue todo muy claro. Ese fue el arreglo que ellos pensaron estaban haciendo”, dijo Mills.

Los Maya dicen que cumplieron con su parte. Cinco años después, no obstante, el ICE se volvió en su contra e intenta deportarlos.

A Emilio nunca le convenció mucho lo que estaban haciendo, pero los agentes eran cordiales y parecían interesados únicamente en asuntos de drogas, pandillas, tráfico humano, prostitución y venta de documentos falsos.

Así, los Maya se internaron en el mundo turbio de los “informantes confidenciales”, un mundo plagado de sospechas, engaños y peligros.

En 2008 les pidieron que informasen sobre terrorismo y venta de armas. No consiguieron esa información. Continuaron ofreciendo datos sobre las actividades en el pueblo, pero no fueron usados nuevamente en operaciones encubiertas.

Eso fue un alivio. El restaurante, llamado Tango, les tomaba tiempo. Emilio se había casado y tenía una niña.

En mayo de 2009 recibieron un baldazo de agua fría: Los agentes les dijeron que si no conseguían información sobre armas y terrorismo, serían deportados.

“Dijeron que la información que les estábamos dando no bastaba”, expresó Emilio.

El 17 de noviembre, cuando Emilio salía de su casa para ir al restaurante, fue rodeado por agentes del ICE que le apuntaron sus armas, lo esposaron y encadenaron.

McManus le dijo a Analía que Emilio había perdido su condición de informante y sería deportado.

Emilio fue liberado y se le dijo que sería deportado en 90 días. El plazo vence el 2 de marzo.

El portavoz del ICE Brian Hale dijo que la agencia no comenta casos de informantes y que para que se le dé una visa S a alguien “tiene que haber un beneficio significativo para el gobierno”.

Hay quienes dicen que el ICE no trata bien a sus informantes.

“Usan a las personas más vulnerables para trabajos peligrosos, les hacen todo tipo de promesas y luego los abandonan”, afirmó la abogada neoyorquina Claudia Slovinsky, especializada en temas de inmigración y quien dice no conocer ningún caso en el que se haya dado una visa S.

Emilio sabe que si se va deportado, no podrá regresar al país. Analía dice que no puede sacar adelante el restaurante ella sola y que tampoco le interesaría mantenerlo sin su hermano.