Esther Cepeda

Columnista

CHICAGO — Un observador casual podría recibir positivamente la legislación aprobada recientemente en Utah, que concede permisos de trabajo a inmigrantes ilegales y permite que los oficiales de policía determinen la categoría migratoria de ciertos sospechosos, como un paso en la dirección correcta. Un indicio de ello podría ser que, al menos en el ámbito estatal, legisladores de ideologías opuestas estén dispuestos a correr grandes riesgos para sortear la aletargada parálisis del gobierno federal en lo concerniente a la reforma migratoria integral.

Al leer titulares tales como “Partido Republicano de Utah adopta alternativa migratoria”, “Los anti-arizonianos”, “Utah procura mejor alternativa para inmigración ilegal”, se le podría disculpar a uno por pensar que forjar un camino intermedio entre las draconianas medidas para imponer la ley y una amnistía de puertas abiertas, pudiera constituir un modelo para que el país abordara el espinoso tema de qué hacer con los 11,2 millones de inmigrantes ilegales que viven en los Estados Unidos.

Pero el diablo está en los detalles. Para los observadores más atentos, el panorama es aciago. Tiene un tufillo a puro artificio.

Aunque el paquete de leyes fue negociado, aprobado y entregado a la oficina del gobernador Gary Herbert para su firma final, no hay garantía de que dicha ley entre en vigor. Como es de predecir, pocos están contentos con el compromiso. Pero el punto más importante es que el latoso asunto de la imposición de las leyes migratorias es un poder exclusivo del gobierno federal. Es la misma norma bajo la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para impedir que el grueso de la ley de Arizona de “papeles, por favor” entrara en vigencia.

Y hablando de las medidas de seguridad, ustedes podrían estar preguntándose cómo salen paradas las normas de seguridad que los legisladores de Utah negociaron —en un paquete de leyes que incluye un programa de trabajadores invitados, un acuerdo cooperativo de trabajadores migrantes con el estado mexicano de Nuevo León, y un programa para que los residentes patrocinen y sean económicamente responsables de un “amigo inmigrante”— cuando se las compara con la aterradora ley de Arizona.

No son demasiado diferentes.

Mientras los legisladores de Arizona deseaban poder detener a cualquiera y pedirle documentos oficiales para probar su categoría migratoria, sobre la base de una “sospecha razonable” de que pudieran estar en el país ilegalmente, la ley de Utah requeriría que un oficial determinara la categoría de un sospechoso, si la persona fuera detenida o arrestada por cometer una delito mayor o un delito menor serio. Esos chequeos serían optativos bajo circunstancias menos serias, como una parada de tránsito, pero hay gente que considera que la ley aún va demasiado lejos.

“Miren, cooperamos con los funcionarios de inmigración durante investigaciones penales todo el tiempo”, expresó el jefe de policía de Salt Lake City, Chris Burbank. “No es que yo sea blando en cuanto a la criminalidad, pero siempre he creído que no es el papel de las fuerzas de seguridad locales imponer las leyes de inmigración.

“Casi el 30 por ciento de mi población es hispana y también tengo una comunidad de refugiados legales. Hasta la mera conversación sobre esta legislación está creando una división entre nuestro departamento y ellos”.

Hablé con Burbank la víspera de la firma de las leyes migratorias por el gobernador y expresó categóricamente que su departamento se abstendrá de todo chequeo de residencia legal. “Pero el daño habrá sido hecho”, dijo Burbank. “Hay 15 organismos de policía distintos que patrullan sólo el valle de Salt Lake y si uno de ellos hace eso, entonces sería igual que todos lo hiciéramos porque una vez que se propaga la noticia, la gente supone que todos los departamentos de policía lo están haciendo”.

Según Burbank, no se trata sólo de que las responsabilidades adicionales de seguridad sean costosas y no estén financiadas. Ni que las relaciones comunitarias y la capacidad para resolver e impedir los delitos vayan a sufrir si se le pide a la policía local que se meta en asuntos de inmigración. “La deportación no nos funciona bien como elemento de disuasión”, dijo Burbank. “De hecho tiene poco impacto, porque la gente constantemente vuelve en cuanto puede”.

Y si no vuelven a Utah o Arizona, irán a otros estados con leyes diferentes y empleadores dispuestos a recibirlos.

Encarémoslo: Las medidas estatales podrían proporcionar leyes para “sentirse bien” e incluso para solucionar unos pocos problemas locales en el corto plazo. Pero un mosaico de soluciones estatales que podrían implementarse en forma diferente de una a otra jurisdicción no es la solución.

Irónicamente, ése es el punto en el que casi todas las organizaciones que luchan por medidas estrictas de seguridad o por una reforma de la ley migratoria están de acuerdo: Las soluciones de inmigración parciales no nos llevarán a ningún lado en el largo plazo.

La dirección electrónica de Esther J. Cepeda es estherjcepeda@washpost.com.