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Los gobiernos locales no pueden abstenerse de participar en un programa federal que compara las huellas dactilares de la gente que está arrestada con un banco de datos para determinar si están legalmente en el país, dijo el viernes el jefe de la agencia estadounidense de inmigración.

Ello se debe a que el acuerdo es entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, no con los locales.

Funcionarios en el condado de Arlington, Virginia; en Washington, D.C., y en el condado de Santa Clara, California, votaron recientemente en contra de participar en el programa, diciendo que podría conducir a personalización racial.

Funcionarios de San Francisco han fracasado en su intento de salirse del programa, y otras varias comunidades debaten si desean participar.

El sitio en internet de la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dice que las jurisdicciones que no deseen participar en el programa Comunidades Seguras pueden pedir a funcionarios federales de inmigración ser retirados del mismo.

El viernes, John Morton, director de ICE, señaló que la agencia se reuniría con las localidades para discutir el asunto, pero agregó que al final el acuerdo es con el estado.

Hace mucho tiempo, a quienes son arrestados por cualquier delito, desde uno violento a una infracción de tránsito, se les toman sus huellas dactilares, y esas huellas son revisadas en un banco de datos federal del FBI.

Con el programa Comunidades Seguras, esas huellas son comparadas automáticamente con registros de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional para identificar a quienes están en el país de manera ilegal.

Desde el 2008, el programa se ha extendido a más de 650 jurisdicciones en 32 estados, con planes de incorporar a todas las jurisdicciones para el 2013.