(AP) — Una jueza federal de Estados Unidos desechó el lunes una porción de una controversial ordenanza de la ciudad de Fremont que buscaba prohibir la contratación de inmigrantes sin permiso de estancia en el país o rentarles alguna propiedad.

La jueza federal de distrito Laurie Smith Camp emitió su determinación con respecto a una demanda presentada por los grupos Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus iniciales en inglés) y la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés) para impugnar la ordenanza de 2010.

Ambas partes en el beligerante debate sobre el asunto de inmigración dijeron haber obtenido una victoria tras conocerse el fallo.

El representante legal de la ciudad de Fremont, Kris Kobach, quien además es secretario de Gobierno de Kansas, dijo que se mantuvo un 75% de la ordenanza, incluido un requerimiento de que los empleados de Fremont utilicen la base de datos federal E-Verify para asegurarse de que los trabajadores estén legalmente en Estados Unidos.

La jueza también determinó que la ciudad puede exigir a alguien que busque rentar una propiedad que solicite un permiso de la ciudad con costo de cinco dólares y que jure que se encuentra legalmente en Estados Unidos. Kobach afirmó que el falló simplemente evita que la ciudad revoque esos permisos, aun si se descubre que los solicitantes son inmigrantes sin permiso de estancia en el país.

“Esto reivindica la postura de la ciudad”, apuntó Kobach.

Sin embargo, la abogada Shirley Mora James, quien trabajó con MALDEF en el caso, calificó el fallo como una victoria clara para los demandantes porque las sanciones sobre albergue fueron desechadas.

“La corte aniquiló la ordenanza, desde mi punto de vista. No veo esto como una victoria para Fremont”, agregó Mora.

Paul Payne, fiscal del la ciudad de Fremont, dijo que no se tomarán decisiones sobre cuándo se implementarán las porciones mantenidas de la ley hasta una reunión del concejo municipal a realizarse la próxima semana. La ley había estado congelada en espera que se resolvieran las demandas.

Una vez que entre en efecto la ordenanza, los empleadores de la ciudad de 25.000 habitantes tendrán 60 días para prepararse para utilizar el banco de datos federal E-verify, así que, afirmó Kobach, esa parte de la ordenanza probablemente entrará en vigencia hasta mayo. El funcionario agregó que las otras porciones podrían ser promulgadas el próximo mes.