Ferguson anuncia demanda que desafía la política de separación familiar del gobierno de Trump

La demanda se interpuso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington

SEATTLE — El Procurador General Bob Ferguson anunció hoy una demanda que desafía la política del gobierno de Trump acerca de la separación forzada de familias en la frontera sur de los Estados Unidos. Un total de 16 estados y el Distrito de Columbia se unieron a la demanda de Ferguson.

“Esta demanda, como todas nuestras demandas contra la administración de Trump, dice algo importante de quiénes somos como un pueblo,” dijo el Procurador General Ferguson. “Defenderemos la Constitución, la decencia básica, y los valores fundamentales estadounidenses. Mi oficina todavía no ha perdido ningún caso contra la administración Trump, y no tenemos la intención de perder este caso.”

Madres e hijos detenidos en Washington

De los casi 200 inmigrantes detenidos en Washington a partir del 19 de junio de 2018, 174 son mujeres y más de un tercio de esas mujeres son madres separadas a la fuerza de sus hijos. Las edades de esos niños oscilan entre un año y la adolescencia. La mayoría de estas madres han estado detenidas por más de dos semanas y muchas lo han estado por más de un mes.

Muchas no han hablado con sus hijos por semanas y el gobierno federal no les ha proveído ninguna información sobre el paradero o bienestar de sus hijos.

Cuando los investigadores de la oficina del Procurador General entrevistaron a estas mujeres, ellas describieron las condiciones terribles e inhumanas en las instalaciones de la patrulla fronteriza donde estaban detenidas antes. Los padres e hijos estaban detenidos en habitaciones a las que llamaban “las hieleras” porque eran muy frías. Las madres les informaron a los investigadores de la AGO que les daban nada o poca comida y describieron tomar agua del inodoro o lavabo de las manos del baño.

Una madre en la prisión de SeaTac trajo a su hijo de 8 años de edad de El Salvador en busca de asilo por las amenazas de muerte propinadas por una pandilla violenta. En lugar de encontrar seguridad, le quitaron a su hijo entrando al país. Le dijeron que el hecho de que le hayan quitado a su hijo era “el precio que debía pagar” por venir a este país, y que “les dijera a todos en su país que no vinieran hasta acá o de lo contrario les quitaremos a sus hijos tal como hicimos con el suyo.”

La última vez que vio a su hijo fue hace 31 días y no sabe dónde está, quién lo está cuidando, ni si se encuentra seguro.