El Censo es un mandato de la Constitución y requiere que cada 10 años el gobierno federal cuente a todas las personas que viven en el país. Del Censo depende una representación justa en el Congreso, la redistribución de distritos y la distribución de fondos federales.

Responder al censo ayuda a las comunidades a obtener los fondos que necesitan y ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos que hacen crecer a la economía. Más de $675 mil millones de fondos federales se distribuyen a los estados y a las comunidades locales basándose en los datos del censo. Por último, el censo es una forma de ser participe en nuestra democracia y decir: “¡Yo Cuento!”.

La ley exige a la Oficina del Censo mantener confidencial su información y usar sus respuestas solo para producir estadísticas

En conformidad con el Título 13 del Código de los EE. UU., la Oficina del Censo no puede divulgar ninguna información identificable sobre individuos, hogares o empresas, ni siquiera a agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Sus respuestas se pueden usar solamente para producir estadística.

No hay excepciones

Por ley, sus respuestas al censo no pueden ser usadas en su contra de ninguna manera por ninguna agencia del gobierno ni tribunal—ni por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ni por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ni por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ni por el Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ley estipula que la información que se recopile se puede usar solo para propósitos estadísticos y para ningún otro fin.