Por ELLIOT SPAGAT,

Associated Press

TIJUANA, México (AP) — Juan Carlos Perla dice que pasó su primera noche en Estados Unidos en una fría celda subterránea del servicio de inmigración con otras 21 personas en el cruce fronterizo más activo del país. La luz estaba siempre prendida. El espacio era tan reducido que se tiró a dormir sobre un tapete junto a un inodoro.

Este salvadoreño de 36 años logró reunirse pronto con su esposa y sus tres hijos de entre seis años y diez meses, quienes estaban en otra celda, y la familia regresó a Tijuana, del lado mexicano de la frontera, para esperar aquí que su pedido de asilo fuese considerado en San Diego. Fueron una de las primeras familias que tuvieron que lidiar con un radical cambio de política de Estados Unidos que obliga a quienes piden asilo a que esperen en México mientras se tramita su solicitud. Visiblemente nervioso, Perla dijo que no acudirá a la vista y prefiere radicarse en México.

“Nuestro temor es que perdamos nuestro caso y seamos deportados” a El Salvador, expresó Perla. “Eso sería un suicidio para mí, mi esposa y mis hijos”.

Perla dijo a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (conocida por sus siglas en inglés, CBP) que él y su familia dejaron la pequeña panadería que tenían en San Salvador porque no pagaron un mes la extorsión que les cobra la pandilla de la Calle 18. Le dieron una paliza y amenazaron con matarlo a él y a su familia si no hacían el siguiente pago, de acuerdo con una transcripción de la entrevista.

Si la experiencia de su familia es un buen indicio, la nueva política podría estar teniendo el impacto deseado por el gobierno estadounidense de desalentar los pedidos de asilo, los cuales contribuyen a agravar la acumulación de casos pendientes —hay más de 800.000—, que hacen que la gente espera a veces por años que sus solicitudes sean procesadas. Funcionarios del gobierno dicen que quieren evitar solicitudes sin méritos y liberar jueces para que consideren los casos más meritorios.