Retira PGR acusación contra Galilea

Abel Barajas

Agencia Reforma

La Procuraduría General de la República dio marcha atrás en la acusación de un delito fiscal contra Galilea Montijo… al menos por ahora.

De acuerdo con informes oficiales, la dependencia federal retiró la apelación con la cual buscaba que un tribunal unitario ordenara la aprehensión de la conductora de Hoy, por presuntamente ocultar tres recibos contables a la Secretaría de Hacienda por 3.1 millones de pesos.

No obstante, esta decisión no implica un desistimiento de la imputación penal, pues de acuerdo con fuentes consultadas, la PGR retiró la impugnación sólo para solicitar la devolución del expediente, perfeccionar sus inconsistencias y volver a pedir la captura de la actriz.

El pasado 25 de julio, el Juez Sexto de Distrito en el Reclusorio Oriente, Alejandro Caballero Vértiz, determinó negar la orden de aprehensión contra Montijo, porque no se demostró el dolo implícito y necesario en la hipótesis de este delito fiscal atribuido en la causa penal 116/2011.

A la conductora le imputaron violar el artículo 111, fracción tercera, del Código Fiscal de la Federación, que castiga con 3 meses a 3 años de prisión a quien oculte, altere o destruya en forma total o parcial los registros y la documentación contables.

Dicho ilícito no es calificado de gravedad en la legislación vigente y cualquiera que sea acusado del mismo tiene la posibilidad de suspender la aprehensión mediante un amparo o el derecho a la libertad provisional bajo caución, en caso de ser llevado a juicio.

Poco después de la resolución del juez Caballero, la PGR apeló el fallo, con el propósito de que un tribunal de alzada lo revirtiera; sin embargo, el Ministerio Público Federal reconsideró su estrategia legal y prefirió retirarse con el expediente para su perfeccionamiento.

La Procuraduría no tiene ningún plazo legal para volver a solicitar la aprehensión de Montijo, en caso de que así decidiera hacerlo. Si consigna, por existir un antecedente, de nueva cuenta el expediente caería en manos del juez Caballero, quien ya en el primer intento de la PGR estimó que no había elementos de delito.