Alcaldesa Durkan promulga legislación de la Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos

SEATTLE – La alcaldesa Jenny A. Durkan se unió a la concejala Teresa Mosqueda y a los trabajadores domésticos y promulgó la Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos en Casa Latina. “Me comprometí a hacer realidad la promesa de salarios y derechos justos para nuestros trabajadores domésticos y, con el apoyo de muchos, estamos promoviendo mejoras significativas para nuestros trabajadores. “Durante demasiado tiempo, los trabajadores domésticos han vivido y trabajado en las sombras de nuestra economía. Los trabajadores domésticos, que incluyen principalmente a mujeres, inmigrantes y personas de color, y las agencias que los contratan han pedido más medidas que los protejan. Esta ley extiende las protecciones laborales básicas a aquellos cuyo trabajo hace posible que tantas personas vayan a trabajar, sabiendo que los que los aman y sus hogares están protegidos”, explicó la concejala Mosqueda. presidenta del Comité de Vivienda, Salud, Energía y Derechos de los Trabajadores. Durante más de 80 años, los trabajadores domésticos han estado exentos de la legislación federal que permitía a los trabajadores el derecho legal de afiliarse a sindicatos para demandar mejores condiciones laborales. Históricamente, dicha exclusión ha llevado a estos trabajadores, en su mayoría inmigrantes y mujeres de color, a la explotación. Muchos trabajadores domésticos están protegidos por leyes federales, estatales y municipales en lo que respecta al salario mínimo y las horas extras, pero no conocen sus derechos. Hay al menos 30 000 trabajadores domésticos dentro de los límites de la ciudad. Esta ley indica que se debe hacer lo siguiente:

Solicitar que a los trabajadores domésticos se les pague el salario mínimo de Seattle; establecer períodos de comida y descanso ininterrumpidos, incluida la compensación financiera si las responsabilidades requieren trabajar sin descansos; proporcionar un día (24 horas) de descanso cada siete días para trabajadores que residan donde están contratados; prohibir a los empleadores confiscar los documentos e instaurar una Junta de Normas.