SUZANNE GAMBOA
WASHINGTON (AP) — Nahuel Castrucci no contó con abogado alguno cuando se presentó por primera vez ante un juez de inmigración. Tampoco lo tuvo en la segunda o en la tercera comparecencia. Simplemente se sentó mudo y esposado ante el juez que estaba por expulsarlo de su propio país. De pronto, su madre se levantó en la corte y gritó: “¡Es un ciudadano! ¡Es un ciudadano estadounidense y no debería estar aquí!” La mujer tenía razón; su exabrupto hizo que el juez pidiera a los abogados realizar más investigación en el caso, lo que a la postre llevó a la liberación de Castrucci, nacido en Argentina pero ciudadano estadounidense. El sistema judicial estadounidense dice que toda persona es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad, y garantiza un proceso justo, en que el acusado tiene derecho a un abogado. Pero nada de eso existe en los casos de inmigración. En esas situaciones existen un menor número de derechos del sospechoso. Y dado que el sistema encargado de manejar esos asuntos está presionado por el surgimiento de innumerables casos nuevos, la situación deriva en una verdadera maraña legal. Uno de los resultados es que ni siquiera los ciudadanos estadounidenses, detenidos al confundírseles con indocumentados o residentes sujetos a ser deportados, pueden confiar en que el sistema legal los protegerá. Las probabilidades están en su contra. Según entrevistas, demandas y documentos obtenidos mediante la Ley de la Libertad de Información, The Associated Press pudo conocer más de 55 de esos casos en el 2000, y los abogados de inmigración señalan que hay cientos más. Las personas identificadas como sospechosas por el sistema legal de inmigración pueden ser detenidas sin una orden judicial. No se les leen sus derechos a menos que se les involucre en un caso penal. No cuentan con un abogado si no pueden pagarlo o encontrar a alguien dispuesto a defenderlos gratis. Pueden ser deportados sin audiencias en los tribunales. Y hasta enero, no les era posible hacer una llamada telefónica sin costo. “Están deportando a muchas personas de manera expedita, muchas veces tras una somera revisión de las cortes”, dijo Daniel Kanstroom, director del Programa Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho del Boston College. “La deportación de los ciudadanos es tan sólo la punta del iceberg… Hay una necesidad urgente y desesperada de una reforma en todo el sistema”. Jim Hayes, director de detenciones y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), dijo que su agencia no lleva registro de cuántos ciudadanos son recibidos ahí, ni de cuántos casos resultan sustentados. Añadió que lo más común es que los ciudadanos afirmen que son extranjeros para evitar una sentencia penal, y no que los ciudadanos sean confundidos con inmigrantes. Sin embargo, reconoció que las autoridades deben ser cuidadosas para determinar la ciudadanía. El sistema legal del servicio de inmigración está desbordado. Dana Marks, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que el año pasado 214 jueces atendieron 350.000 casos. Y hay casos como el de Michael Romero Jiménez, detenido en Eloy a la espera de ser deportado. Un juez dictaminó que era ciudadano estadounidense porque su padre lo era y dispuso que podía salir en liberta tras el pago de una fianza de 1.500 dólares. Romero, sin embargo, no tenía el dinero y pasó otros siete meses en prisión, hasta que se agotó el proceso de apelaciones y fue liberado.
