GREELEY, Colorado, (AP)

Lo acusan de violar el derecho a la privacidad y de enfocar en los hispanos una campaña contra el robo de identidad basada en el examen de declaraciones de impuestos de la gente. El procurador del condado de Weld Ken Buck, sin embargo, niega que tenga algo contra los inmigrantes y sostiene que su campaña puede servir de modelo para todo el país. Buck dice que unos 1.300 inmigrantes que residen en esta condado del norte de Colorado presentaron declaraciones de réditos usando identidades falsas o robadas. Sus detractores afirman que Buck no tiene derecho a examinar las declaraciones de réditos y que está encausando a gente que lo único que hizo fue respetar la ley. El procurador considera que ese argumento es absurdo. “Si uno se encuentra en el país ilegalmente, trabaja ilegalmente; se le exige que pague impuestos, pero todo esto es ridículo”, declaró en una entrevista en su oficina de Greeley. “Se le exige a uno que ingrese al país legalmente. Se le exige que trabaje legalmente. ¿Por qué se siente uno obligado a hacer una declaración de impuestos si el gobierno le dice que tiene que cumplir con todas estas otras leyes?”. Su campaña comenzó cuando un individuo de Texas denunció que una residente del condado de Weld estaba usando su identidad. Allanaron su oficina en octubre tras conseguir una autorización judicial y se apoderaron de los archivos de más de mil personas que supuestamente son indocumentados. Detuvieron asimismo a decenas de personas acusadas de robo de identidad y de hacerse pasar por otro. Buck espera que todos los encausados sean juzgados y deportados. Jorge González-Mayagoitía, abogado del consulado mexicano de Denver, dijo que el caso es problemático por la cantidad de personas acusadas y porque sucede en Greeley, donde más de 250 supuestos indocumentados fueron detenidos en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en una planta empacadora de carne en el 2006. “Genera temor en la comunidad, terror, y circula mucha información errada”. González-Mayagoitía dice que muchos de los detenidos no sabían por qué los arrestaron hasta que se acercaron al consulado en busca de asesoría. Los indocumentados se preguntan ahora si deben hacer declaraciones de impuestos, según Julien Ross, director de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado. Ross planteó que, si se usan sus declaraciones para perseguirlos, los indocumentados podrían dejar de hacerlas. Toda persona que trabaja tiene que hacer una declaración de impuestos al final del año, sin importar su status legal. Para hacerla, necesitan un número de Seguridad Social, como se denomina al servicio de beneficios sociales que es el principal documento de identidad en Estados Unidos. (También pueden hacerlo con una identificación especial que suministra el Servicio de Rentas Internas, o IRS). Mike Glade, el abogado que representa a Cerrillo, dice que eso es lo que los arrestados hacían: estaban cumpliendo con la ley, pagando sus impuestos y haciendo su declaración de impuestos. Quienes defienden a los indocumentados señalan que inventaban números, sin recurrir deliberadamente al robo de identidad. El castigo por el robo de identidad es mucho más severo que el de usar documentos falsos.