EEUU congela activos de 7 funcionarios venezolanos

LUIS ALONSO LUGO,

Associated Press

WASHINGTON (AP) — El presidente Barack Obama ordenó el lunes congelar bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos, al declarar a la nación sudamericana como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior estadounidenses.

Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central Antonio Benavides Torres; el director de la policía política Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.

La declaración de Venezuela como una amenaza es designación oficial que forma parte del proceso para imponer sanciones.

La lista de sancionados la completan el director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Pérez Urdaneta, el comandante de la 31 brigada armada del Ejército Manuel Bernal Martínez y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Miguel Vivas Landino. La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes en el año pasado.

A la fiscal Haringhton le señala haber formulado cargos criminales a líderes de la oposición usando correos electrónicos fraudulentos. La Casa Blanca dijo que la acción ejecutiva tiene un alcance mayor a la ley de sanciones que emitió Obama en diciembre. “Los funcionarios de Venezuela del pasado y presente que violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de EE. UU.”, advirtió un comunicado de la Casa Blanca. En Caracas, la canciller venezolana Delcy Rodriguez dijo en rueda de prensa que pronto el gobierno venezolano dará conocer su respuesta sobre el alcance las acciones anunciadas por el presidente Obama.

El secretario de Tesoro Jacob Lew señaló que “actos corruptos de los funcionarios venezolanos gubernamentales privan a Venezuela de recursos económicos que pudieran invertirse en la población venezolana y empleadas para generar crecimiento económico”.

Afirmó que esta acción ejecutiva “se usará para proteger al sistema financiero estadounidense de flujos financieros ilícitos provenientes de la corrupción pública en Venezuela”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro ha cuestionado públicamente que Estados Unidos tenga la facultad para imponer sanciones a funcionarios de otros gobiernos.