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La Rectora de la Universidad Nacional de Honduras anunció el viernes en Tegucigalpa que el policía que mató a su hijo y un amigo hace un año se entregó de manera voluntaria en una localidad fronteriza con Nicaragua al sur del país.

El asesinato marcó el inicio del debate sobre la reforma policial y la impunidad en Honduras.

“Hubo un trabajo personal de rastreo e investigación privada hasta su localización, posteriormente cruzamos esos datos con los de la policía, que era quien tenía capacidad de detenerlo, pero él al sentirse arrinconado decidió entregarse personalmente al Procurador de los Derechos Humanos, Ramón Custodio”, dijo Julieta Castellanos a The Associated Press.

“Con la información de que disponemos, el agente (Santos) Padilla es el autor de los disparos que mataron a mi hijo y a su amigo”.

Iván Mejía, portavoz del Ministerio de Seguridad, confirmó que “existen tres órdenes de captura pendientes por ese hecho y parece que efectivamente uno de los policías se ha entregado al Comisionado de Derechos Humanos”, pero no quiso facilitar el nombre del agente.

Mejía dijo que “los dos criminales que aún están huidos tienen que seguir su ejemplo y entregarse”.

El asesinato en octubre de 2011 de Rafael Alejandro Vargas Castellanos, de 22 años, y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez, de 23, y la acción inmediata de Julieta Castellanos para conseguir la detención de los responsables, policías asignados a una comisaría de Tegucigalpa, marcaron el inicio del debate sobre la seguridad, la corrupción policial y la impunidad en Honduras.

Los jóvenes regresaban de una fiesta y fueron interceptados por una patrulla policial. Por motivos aún desconocidos, los agentes los asesinaron. La rectora comenzó inmediatamente una investigación paralela a la de la policía y descubrió que ocho agentes habían secuestrado y asesinado a su hijo y su amigo. Fueron detenidos y una semana más tarde recibieron un permiso de fin de semana que permitió que cuatro de ellos se fugaran.

El entonces director de la policía de Honduras, José Luis Muñoz Licona y su subdirector, Marco Tulio Palma, así como José Balarraga, Jefe de la policía de Tegucigalpa, fueron suspendidos por su responsabilidad en los hechos.

La rectora Julieta Castellanos comenzó entonces una campaña de presión pública y mediática que, junto al contexto general de criminalidad y corrupción asociadas a la policía de Honduras, desembocó en la creación en enero de este año, tras un decreto del Congreso Nacional, de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. La comisión está formada por tres académicos hondureños —Jorge Casco, Víctor Mesa, Matías Funes_, el Embajador de la Organización de Estados Americanos Adam Blackwell y Aquiles Blu, un oficial de los carabineros de Chile.

El anuncio de la entrega del policía fue hecho por la rectora durante la presentación del primer informe de la comisión al presidente Porfirio Lobo. El contenido del informe no ha sido hecho público pero se finaliza cinco meses después del inicio del trabajo de la comisión y gira en torno a siete ejes: reforma constitucional, reforma de la ley orgánica de la policía, proyecto de ley de la carrera policial, reforma del ministerio público y su carrera, reforma de la ley contencioso administrativa y reforma de la carrera judicial.

El Director General de la policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, hizo público esta semana que alrededor de un centenar de miembros del cuerpo pasarán en los próximos días “a estado de disponibilidad” como parte de su esfuerzo por avanzar en la reforma policial. La medida ha provocado tensión entre algunos oficiales.

Víctor Mesa, presidente de la comisión, señaló que “toda reforma conlleva afectados, resistencia y movimientos de contrarreforma” pero calificó el informe de “salvación para el sector de la seguridad en Honduras”.

El presidente Porfirio Lobo dijo que “los miembros de la Comisión y sus recomendaciones tienen el 300% de mi apoyo. Nada nos va a detener fuera del respeto a los derechos humanos para devolver la seguridad a Honduras”.

Honduras es el país con mayor número de homicidios del mundo, 91 por cada 100.000 habitantes según cifras de la Organización de Estados Americanos y la oficina de las Naciones Unidas contra el crimen y el delito.