JACQUES BILLEAUD y JESSE J. HOLLAND
The Associated Press
Los magistrados de la Corte Suprema debatieron el lunes sobre si los estados que buscan combatir el fraude electoral y la inmigración ilegal pueden obligar a los electores a documentar su nacionalidad estadounidense antes de permitirles usar un sistema federal de inscripción de votantes diseñado para agilizar el voto.
Activistas republicanos de diversas partes de Estados Unidos afirman que el fraude por parte de inmigrantes que carecen de autorización para vivir en el país es una amenaza a la integridad de las elecciones, mientras que los demócratas afirman que la motivación real de tal postura es suprimir el voto de las minorías, quienes se inclinan abrumadoramente por los demócratas.
Varios magistrados se cuestionaron si Arizona y otros estados tienen el derecho de obligar a las personas a probar que son ciudadanos estadounidenses cuando el Congreso no lo exige al ordenar a los estados aceptar y usar la tarjeta de elector federal.
Pero otros magistrados dijeron que los estados deben poder exigir la ciudadanía de los electores porque el gobierno federal sólo pide que las personas juren en un papel que son ciudadanos estadounidenses.
“¿Es esto una prueba? Esto no es ninguna prueba”, dijo el magistrado Antonin Scalia, quien sonó escéptico sobre los que se oponen a la ley de Arizona.
Pero la abogada Patricia Millett, en representación de los que impugnan la ley, respondió que los tribunales aceptan declaraciones juradas como prueba en los procedimientos judiciales “mediante los cuales ejecutamos a personas”.
El Congreso decidió que una declaración jurada con el riesgo de perjurio era suficiente para inscribirse para votar en el sistema federal, agregó Millett, y no “una entrada al sistema de inscripción electoral del propio estado” donde éstos pueden solicitar información adicional.
El caso se centra en la inscripción de electores en Arizona, que ha librado varias batallas con el gobierno federal sobre temas de inmigración relacionados con la frontera con México. Pero el caso tiene implicaciones mayores porque otros cuatro estados –Alabama, Georgia, Kansas y Tenesí– tienen exigencias similares, y otros 12 están contemplando leyes semejantes, dijeron funcionarios.
La ley federal, aprobada en 1993 para ampliar la inscripción de electores, permite a los solicitantes llenar y enviar por correo un formulario donde juran que son ciudadanos estadounidenses, bajo la penalidad de perjurio, pero no les exige presentar pruebas de que son ciudadanos estadounidenses. Las autoridades de Arizona exigen una licencia de conducir de ese estado emitida después 1996, un certificado de nacimiento de Estados Unidos, un pasaporte u otros documentos similares, o el estado rechaza la solicitud de inscripción federal.
Pero el Congreso ha indicado que los estados tienen que “aceptar y usar” la tarjeta federal de inscripción de electores, dijo la magistrada Sonia Sotomayor. “No entiendo nada bien cómo usted dice que acepta y usa la tarjeta cuando está rechazando” algunos formularios, le expresó al procurador general de Arizona, Thomas C. Horne.
Los que se oponen a la ley de Arizona la consideran una agresión a grupos vulnerables de electores como las minorías, inmigrantes y los ancianos. Esas personas afirman que han contado más de 31.000 electores potencialmente legales en Arizona que fácilmente se podrían haber inscrito pero que la ley se los impidió en los 20 meses transcurridos desde que la aprobaron en 2004. Agregaron que aproximadamente 20% de los rechazados eran hispanos.
Pero autoridades de Arizona dicen que deben tener el derecho de aprobar leyes para evitar que inmigrantes no autorizados y otras personas no naturalizadas se inscriban como electores. La ley electoral de Arizona fue parte de un paquete que también niega algunas prestaciones del gobierno a los inmigrantes no autorizados y exige que los residentes en el estado muestren una identificación antes de votar.
___
