NICHOLAS CLAYTON,
Associated Press
TOPEKA, Kansas, EE.UU. (AP) — Inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos podrían quedar excluidos de becas de estudios estatales en virtud de un proyecto de ley debatido el martes por un comité de la Cámara de Representantes de Kansas.
El comité de Educación celebró una vista sobre un proyecto de ley que podría impedir que cualquiera que haya entrado de forma ilegal en Estados Unidos opte a una beca de matrícula escolar que normalmente se ofrece a residentes estatales.
Las personas con este estatus podían aspirar a este beneficio en Kansas desde 2004.
El representante republicano John Rubin de Shawnee, que promovió la medida, dijo que la legislación vigente proporciona un incentivo para la inmigración ilegal.
“Para mí no tiene sentido prometer a nuestros ciudadanos que reforzaremos nuestras fronteras y reforzaremos el estado de derecho en inmigración y después nos demos la vuelta y premiemos a aquellos que incumplieron la ley para llegar a este estado”, dijo Rubin.
Pero representantes de las juntas escolares y la Junta de Regentes testificaron en contra del proyecto de ley, junto con varios estudiantes que dijeron que la medida podría impedirles terminar sus estudios superiores.
Fred Logan, que fue seleccionador para la Junta de Rentes por el gobernador republicano Sam Brownback en 2011, testificó contra la medida, diciendo que 651 alumnos de estudios superiores que entraron en el país ilegalmente se verían afectados por la norma.
La mayoría llegaron al país siendo niños, crecieron en Kansas y estudiaron en el sistema escolar público, dijo.
“Los hijos de personas indocumentados que están haciendo uso de estas becas son exactamente el tipo de estudiantes que queremos en Kansas”, dijo Logan, añadiendo que sus circunstancias hacen que estén especialmente motivados para triunfar.
El secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, también testificó en favor del proyecto, tras actuar como abogado principal en la demanda contra la norma de Kansas presentada por padres de estudiantes de estados vecinos.
Un tribunal federal desestimó el caso en 2005 alegando que los padres no tenían base para sus quejas.
