E.J. TÁMARA,

Associated Press

LOS ANGELES (AP) — La junta de supervisores del condado de Los Ángeles aprobó el martes la creación de un grupo especial que determine la mejor manera de aplicar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama, suspendidas por el fallo de un juez.

“Creemos que pese a los obstáculos legales, los programas eventualmente seguirán adelante”, dijo la supervisora Hilda Solís al anunciar su propuesta aprobada por una votación de 4-1.

Las medidas buscaban suspender la deportación y otorgar permisos de trabajo a más de cuatro millones de inmigrantes que viven en el país de manera ilegal.

Pero quedaron congeladas luego de que el juez federal Andrew Hanen las suspendió la semana pasada a pedido de 26 estados que alegan que son anticonstitucionales y que los obligaría a invertir más fondos en aplicación de leyes, salud y educación.

“Esta propuesta que estamos debatiendo es, en mi opinión, prematura… porque las órdenes ejecutivas están siendo apeladas”, dijo el supervisor Michael Antonovich antes de votar en contra. El gobierno de Obama pidió el martes al juez que suspenda su fallo y le notificó que está apelando la decisión en el Quinto Circuito federal en Nueva Orleáns.

Si el juez suspende su fallo, las medidas podrían entrar en vigor mientras la demanda continúa su curso.

Hanen, sin embargo, ha dicho que las órdenes ejecutivas causarían un “daño irreparable” a los estados demandantes.

La creación del grupo especial ocurrió al mismo tiempo que un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés) hecho a pedido de Solís halló que el condado es la región que tiene más beneficiarios potenciales en el país, con casi medio millón de inmigrantes.

La mayoría de éstos, unos 390.000, serían inmigrantes que tienen hijos estadounidenses o residentes, mientras que unos 110.000 serían inmigrantes que fueron traídos al país de niños o adolescentes, de acuerdo con el responsable del estudio Raúl Hinojosa, profesor de Estudios Chicanos de UCLA.

El estudio también halló que las medidas crearían unos 38.500 trabajos en el condado y generarían 1.600 millones de dólares en ingresos laborales y 1.100 millones en ingresos al fisco.