Esther Cepeda,

The Washington Post

Los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están en todas las escuelas públicas de Estados Unidos.

No físicamente, claro, pero siempre están presentes en las mentes de millones de estudiantes, que o bien están en el país sin categoría legal o bien sus padres no la tienen.

Esa situación se manifiesta de innumerables maneras—desasosiego que esconde ansiedad, depresión que se manifiesta como ira, y a veces simplemente como la fatiga de un estudiante que está cansado en la clase porque estuvo despierto por la noche preguntándose si sus padres, tíos o abuelos serían llevados pronto.

Hasta los profesores no son inmunes a esos temores. Aunque la escuela nunca informa a los educadores sobre la situación de inmigración de los estudiantes o de sus familias—el personal de la escuela tiene prohibido preguntar la categoría migratoria de los estudiantes y por ley federal, no se permite que las escuelas hagan preguntas a las familias o los estudiantes sobre su ciudadanía —los profesores se preocupan.

A veces, los estudiantes o sus padres hablan abiertamente sobre sus problemas de inmigración con profesores en quienes confían. Otras veces los profesores inferimos la situación de conversaciones sostenidas con las familias en reuniones o conferencias de padres. Pero en la mayoría de los casos, en realidad no sabemos.

A principios de la semana pasada, la oficina llamó a una estudiante de mi clase porque sus padres la buscaban. La muchacha me miró a mí y a otra profesora de la clase burlonamente y dijo: “No, no se suponía que debía ir a casa temprano.”

Llamamos a la oficina y confirmamos que estaban sacando a la estudiante de la escuela en la mitad del día y finalmente, le pedimos que juntara sus cosas y se fuera.

En ese momento, me pasó por la cabeza el pensamiento: “Oh, no. Espero que no sea una terrible emergencia de inmigración y que no vaya a ser la última vez que veo a esta chica.”

Al día siguiente, no vino a la escuela y deseché de mi cabeza pensamientos negativos sobre una posible crisis o fuga de la familia.

Mientras escribo esta columna, la muchacha aun no ha vuelto a la escuela. Probablemente no sea nada, pero no lo sabré hasta que la vea.

En realidad, estos momentos de inquietud de los profesores no son nada comparados con lo que están experimentando los estudiantes.

Según el National Immigration Law Center, alrededor de 2,5 millones de jóvenes indocumentados viven en los Estados Unidos y otros 4,1 millones de niños son nacidos en Estados Unidos pero viven en familias con categorías mixtas, en las que por lo menos uno de los padres o un miembro de la familia está presente ilícitamente. Todos tienen el derecho constitucional de asistir a las escuelas públicas.

Y se puede decir que aunque estos estudiantes quizás nunca hayan visto a un agente de ICE, el temor de que su familia entre en contacto con uno de ellos constituye una fuente cotidiana de trauma.

Algunos sistemas escolares, como Chicago Public Schools, ordenaron a sus directores que no permitieran que las autoridades de inmigración entraran en los edificios del distrito sin que tuvieran una orden judicial. Expresaron en una declaración: “Para que quede bien claro, CPS no provee de asistencia a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la imposición de la ley de inmigración civil federal.”

Escuelas de California, Utah, Colorado, Pennsylvania y otros estados están estableciendo medidas similares para asegurar que los funcionarios de inmigración no entren en los edificios escolares sin órdenes judiciales.

Otros, en comunidades con grandes poblaciones latinas, han llegado a proporcionar a los profesores folletos sobre qué hacer si un oficial de ICE entra en sus aulas.

“Digan que quieren ver las credenciales del agente y la orden judicial,” “Pregunten al agente de inmigración por qué ese asunto no puede tratarse en la casa del estudiante,” y “Alienten a los agentes de inmigración a que entrevisten a los estudiantes fuera de las horas de clase y fuera de los edificios escolares,” dice una de las hojas.

Si esto suena como que las escuelas públicas han tenido que gastar sus escasos recursos y tiempo preparando a sus administradores y profesores para resistir a los agentes federales—pues eso lo resume todo.

Esas tareas nuevas se suman a tener que encarar instancias en que los estudiantes profieren insultos raciales o cánticos como “¡Construyan el muro!” en los pasillos de la escuela.

Para las escuelas en comunidades con grandes poblaciones de inmigrantes presentes ilícitamente, el espectro de los agentes de ICE que irrumpen en el aula es repugnante.

Aunque existen normas que indican que los funcionarios de ICE y los agentes de inmigración no deben imponer la ley de inmigración en las escuelas de Jardín de Infantes a 12° grado, no hay ley que lo garantice.

Debería haberla.