BUENOS AIRES (AP) — La Iglesia Católica y el gobierno volvieron a cruzarse verbalmente por el nivel real de pobreza, que según los obispos cuadruplica lo que señalan las estadísticas oficiales.

El portavoz de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Oesterheld, defendió el informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) que reveló que en el 44% de los hogares los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos de alimentos, salud, indumentaria, impuestos y servicios.

“Es un trabajo científico de la Universidad Católica Argentina que está disponible, que se conoce la manera en que fue hecho, que es publicable. No creo se lo pueda llamar subjetivo”, dijo Oesterheld a periodistas.

Sus palabras estaban dirigidas al jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien aseguró que “ese análisis subjetivo no puede ser comparable con una medición real”.

“Sigo creyendo que la Encuesta Permanente de Hogares, que ha sido históricamente la forma de medir, es muy contundente”, añadió Fernández, defendiendo la medición de pobreza que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el estudio del Indec, en el segundo semestre de 2008 el 10,1% de los hogares se encontraban bajo la línea de pobreza –el equivalente al 15,3% de los 40 millones de habitantes del país–.

El Indec ubica bajo la línea de pobreza a quienes no cubren el costo de una canasta básica total –que incluye alimento, educación, vivienda, salud y servicios– que actualmente se ubica en 261 dólares al mes para una familia tipo de cuatro miembros. En tanto, considera indigentes a aquellos cuyos ingresos están lejos de cubrir la canasta mínima de alimentos de 115 dólares mensuales.

Pero los economistas privados sostienen que el costo real de la canasta de alimentos es muy superior a la que el instituto oficial toma como referencia.

Las dudas sobre las cifras de pobreza que informa el Indec son las mismas que rodean a todas las estadísticas oficiales.

A principios de 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de la mandataria Cristina Fernández, intervino el organismo y nombró directora a una amiga personal del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, acusado de manipular el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación.