Por SONIA PEREZ D., Associated Press
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron al jueves al presidente Jimmy Morales y a empresarios guatemaltecos por corrupción.Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales, dijo a The Associated Press que una investigación determinó que empresarios habrían entregado más de un millón de dólares que no fueron reportados para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando Morales era secretario general de dicho partido, antes de llegar ser presidente en 2016.Más tarde, la fiscal Thelma Aldana y el comisionado de la CICIG, Ivan Velázquez, recordaron en conferencia de prensa que ésta es la segunda parte de una investigación que ambos organismos iniciaron hace tiempo contra Morales por el mismo tema. Según explicaron, en la primera parte del proceso se determinó que el presidente ocultó información financiera de su partido por más de un millón de dólares proveniente de financiamiento ilícito. Por ello, el monto que suman las dos investigaciones en total asciende a 35 millones de quetzales (poco más de dos millones de dólares).
Javier Hernández, jefe de la bancada del partido oficialista en el Congreso, dijo a periodistas que la nueva acusación de la fiscalía contra el presidente es “más un ataque político que legal”, y aseguró que el Comité Ejecutivo del partido se reunirá para tratar el tema.“Creo que es un ataque directo a un partido legalmente instituido”, afirmó.
Schaad, fiscal de delitos electorales, explicó a la AP que durante su más reciente investigación la fiscalía determinó que existieron tres tipos de financiamientos: 1. Reportado, 2. No reportado, pero establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 3. No reportado y no establecido, el cual era anónimo e ilícito.
“Hemos detectado que hubo financiamiento que simplemente no fue declarado al Tribunal y que por distintas razones el Tribunal no lo detectó, que es la parte en la que se enfocó la investigación”, dijo el fiscal y agregó que los involucrados establecieron un mecanismo que canalizó el financiamiento a través de empresas para financiar directamente al partido.
Esta nueva acusación cobra relevancia ya que actualmente los diputados intentan reformar la ley para disminuir las penas y eliminar delitos, cambios que beneficiarían a los empresarios involucrados. Sin embargo, Velásquez llamó el jueves a los legisladores a que no hagan “amnistías disfrazadas” ante intentos de reformar la ley y dijo que la fiscalía solicitará al TSE la cancelación del partido del oficial.
