Érika Hernández,
Virgilio Sánchez León
Agencia Reforma
OAXACA, Oaxaca .- El Gobierno de Oaxaca, con apoyo de la Federación, anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la creación de uno nuevo para garantizar y fortalecer la educación pública en el Estado y el avance de la reforma en la materia. Con este decreto, Cué terminó con los acuerdos alcanzados con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), firmados en 1992, que son la base de su poder dentro del IEEPO. El Mandatario advirtió que se creará una nueva institución educativa que elimine el abuso de poder. “Una instancia con estructuras directivas saneadas, profesionales y leales a las mejores prácticas, con procesos administrativos modernos, transparentes y honestos. Estamos creando un organismo educativo humanista y justo, donde todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades de superación profesional, movilidad laboral, basados en su mérito docente y desempeño administrativo”, dijo. “Un espacio laboral y de servicio público que no permita el tráfico de influencias, el abuso de poder y las prácticas indebidas, que han obstaculizado el desarrollo educativo en los 35 años”. El Gobernador aseguró que durante los últimos años han privilegiado el dialogo y la búsqueda de consensos, como herramienta para conducir el proceso de implementación de la reforma.
“Sin distingos ni coacción hemos mantenido una permanente y propositiva interlocución con las dirigencias sindicales de las y los trabajadores de la educación en la entidad, dejando a salvo sus derechos laborales. “La Federación y el Gobierno de Oaxaca hemos trabajado con estricto apego a la legalidad, hemos respetado en todo momento, los derechos a la libre manifestación y los derechos humanos, además de asumir una actitud permanente de tolerancia y prudencia institucional para evitar diferencias que ahonden y polaricen la problemática educativa en Oaxaca”, mencionó.
Sánchez sostuvo que hoy inicia en Oaxaca una nueva era, en la que prevalecerán los derechos a la educación de los niños y niñas del Estado, por encima de cualquier otro interés.
