Jorge Ramos

Columnista

Estoy harto. Estoy harto de los muertos. Estoy harto de los políticos que no hacen nada para evitar más asesinatos. Estoy harto de los gritos de los que prefieren defender sus armas en lugar de proteger a las personas. Estoy harto de escribir esta misma columna cada vez que hay una nueva masacre en Estados Unidos. Estoy harto de que no pase nada – hasta la próxima matanza.

Los datos son los de siempre: Un tipo con problemas mentales agarra una, o varias, armas y mata a mucha gente inocente. El problema no es que existan personas con enfermedades mentales. El problema particular en Estados Unidos es que esas personas con un serio desbalance emocional tienen un acceso ilimitado a armas de fuego.

La última matanza en Washington, D.C., siguió exactamente el mismo patrón. Durante casi una década Aaron Alexis había actuado con violencia inusitada. En 2004, la policía de Seattle lo arrestó por haber disparado contra las llantas de un auto, al parecer en una dispuesta por un lugar de aparcamiento. Cuatro años más tarde fue arrestado nuevamente por conducta desordenada durante una pelea en un bar cerca de Atlanta. En 2010 Alexis fue detenido otra vez, en esta ocasión por disparar a través del techo hacia el apartamento de arriba. Supuestamente dijo a la policía que su pistola se había disparado accidentalmente cuando la limpiaba, aunque su vecina del piso de arriba dijo sospechar que Alexis estaba enojado con ella por hacer ruido.

Alguien como Alexis no debe tener armas de fuego. Punto. Pero en Estados Unidos alguien así sí puede comprar perfectamente todas las armas que quiera.

Hay lugares donde ni siquiera revisan antecedentes penales. Es más, se puede comprar sin restricciones una arma semiautomática, casi igual a las que se usan en la guerra. Y por la internet se pueden comprar miles de balas. Todo sin hacer una sola pregunta.

Cinco semanas antes de que Alexis entrara al Navy Yard, el centro de operaciones de la Marina de Estados Unidos, y matara a 12 personas, el asesino llamó a la policía. Dijo que se había tenido que cambiar de hotel tres veces porque tres personas lo perseguían y lo mantenían despierto enviándole vibraciones mediante un horno de microondas. Oía voces a través de las paredes, el piso y el techo. A pesar de todo, la policía no hizo nada. No le quitó sus armas ni la Marina le retiró el permiso de entrada a zonas restringidas. Su “derecho” a usar armas, amparado por la segunda enmienda de la constitución, prevaleció sobre el peligro inminente que él representaba. Era una matanza anunciada.

La primera masacre que me tocó cubrir en Estados Unidos fue en la Universidad de Virginia Tech en el 2007. Un estudiante, Seung-Hui Cho, asesinó a 32 personas e hirió a otras 17. A pesar de haber sido diagnosticado con desorden de ansiedad, Cho pudo comprar dos pistolas semiautomáticas presentando su licencia de conducir y su tarjeta de residencia. En ese momento creí, equivocadamente, que esa matanza era una excepción, un hecho aislado. No fue así – aquí lo normal son las masacres.

El año pasado 12 murieron por un tiroteo dentro de un cine en Colorado. Y a finales del 2012 Adam Lanza mató a 27 personas, en su mayoría niños, en la escuela Sandy Hook de Newton, Connecticut.

Es un hecho absolutamente incomprensible para mí que la mayoría de los políticos de Estados Unidos haya preferido proteger el derecho histórico a portar armas en lugar de cuidar la vida de sus niños y civiles. Y no es que se trate de eliminar por completo la segunda enmienda de la constitución sino de imponer límites razonables para evitar más masacres.