(AP) — El presidente mexicano Felipe Calderón promulgó el martes una ley que prohíbe grandes transacciones comerciales con dinero en efectivo como parte de un esfuerzo para luchar contra el lavado de dinero, que según expertos podría alcanzar los 10.000 millones de dólares al año.

La llamada ley para prever e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita prohíbe compras en efectivo, por ejemplo, de inmuebles con un valor igual o superior a medio millón de pesos (unos 38.700 dólares), además de vehículos o joyería por un monto de 200.000 pesos (unos 15.500 dólares).

La norma, propuesta originalmente por el mandatario en 2010, entrará en vigor en 90 días.

Durante el acto de promulgación en la residencia presidencial, Calderón dijo que con la nueva ley se busca golpear al crimen organizado “justo en el corazón de sus actividades: en el flujo de dinero que le da poder para corromper autoridades, para intimidar a los ciudadanos y para expandir sus actividades ilícitas”.

México es un país en el que pequeños negocios suelen realizar sus transacciones en efectivo, pero también donde narcotraficantes y criminales suelen utilizar grandes cantidades de dinero para corromper autoridades y adquirir bienes para lavar recursos.

“Con estas medidas se impedirá que los grupos criminales laven su dinero sucio y acumulen fortunas lícitas que tanto ofenden y agravian a los ciudadanos a partir de actividades ilícitas y criminales como las que desarrollan”, dijo el mandatario, quien hizo del combate al crimen organizado una de las prioridades de su gobierno que concluirá en diciembre. La ley se suma a otra medida que el gobierno federal ya había tomado y que no requería la creación de una ley: en 2010 las autoridades impusieron límites a los depósitos de dólares en efectivo.

Diversas zonas de México se han visto marcadas por la violencia atribuida al crimen organizado y el narcotráfico que ha dejado miles de muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.

La última cifra oficial registra más de 47.500 muertos entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011, aunque el gobierno no ha vuelto a actualizar la información. Activistas han estimado que el número debe alcanzar o incluso superar los 60.000 asesinados.