YAKIMA – Un grupo de siete trabajadores H-2A representados por el Proyecto de Justicia del Noroeste (NJP) ha llegado a un acuerdo de $240,000 con RC Orchards, LLC, G & G Orchards, Inc., EGT Orchards, LLC, y DG Orchards, LLC, y sus propietarios individuales Rene Garcia y Carmen Garcia (colectivamente “los empleadores”). Los trabajadores presentaron un caso en el Tribunal Federal de Distrito alegando que los empleadores los sometieron al tráfico laboral mediante el uso de un patrón de amenazas, intimidación y salarios no pagados para obligarlos a proporcionar mano de obra bajo coacción y en violación de las regulaciones H-2A y el contrato de trabajo.

Los empleadores poseen y operan huertos y una bodega de empaque en Washington, en parte con la mano de obra de los trabajadores H-2A reclutados en el extranjero. Los trabajadores fueron reclutados y traídos a los Estados Unidos con visas temporales para trabajar en la agricultura – Washington tendrá aproximadamente 26,000 trabajadores H-2A este año. Los empleadores reclutaron a los trabajadores de México prometiéndoles el reembolso de todos los costos de viaje, buen salario y vivienda y transporte gratuitos y adecuados. Una vez en Washington, los empleadores presionaron a los trabajadores para que proporcionaran trabajo forzado al amenazarlos de enviarlos de regreso a México e impedir su regreso bajo el programa H-2A, al menos que trabajaran horas excesivamente largas a un ritmo irrazonable. Además, los empleadores supervisaban y restringían el tiempo personal de los trabajadores y les negaban visitas, entregas de alimentos y permiso para salir de la vivienda de los empleados durante las horas fuera del trabajo. Los empleadores tampoco transportaron a los trabajadores lesionados a tratamiento médico y no pagaron a los trabajadores por todo el tiempo trabajado. Los propietarios amenazaron a los trabajadores que se quejaban de las condiciones de trabajo o buscaban ayuda legal con la deportación y la lista negra.

El acuerdo requiere que los empleadores publiquen un aviso de los derechos de los trabajadores durante dos años en la vivienda de los empleados y no interferir con los servicios de asistencia legal a los trabajadores. El acuerdo también incluye una disposición que los empleadores acuerdan no tomar represalias contra ninguno de los trabajadores.

“Si no hablamos y tomamos acción, más trabajadores seguirán sufriendo estos daños“ dijo uno de los trabajadores. Otro dijo “sin esta ayuda legal, yo no hubiera podido ejercer mis derechos y quizás hubiera sido deportado por mis patrones.”

El Proyecto de Justicia del Noroeste es un buffet de abogados estatal sin fin lucrativo que provee asistencia legal civil y representación a trabajadores y la comunidad de Washington de bajos ingresos; NJP lleva acabo la educación y el alcance comunitario a los trabajadores agrícolas en todo el estado.

Contacto con los medios

Diana López Batista, DianaL@nwjustice.org, 509-381-2382